Se pretende descongestionar los centros de detención transitoria ante el riesgo de contagio de Covid-19

La Procuraduría solicitó a la ministra de Justicia, Margarita Cabello y al director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), Norberto Mujica, la adopción de medidas urgentes que garanticen el traslado de los privados de la libertad que se encuentra en estaciones de policía, URI y sitios de detención transitoria, a las cáceles del país para prevenir la propagación del virus.

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Mediante una carta el ente de control alertó sobre las cifras reportadas por el Fondo Nacional de Salud para los privados de la libertad, que para el 5 de julio de 2020, registraba 3.023 detenidos positivos para Covid-19.

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Señaló que con corte al 6 de julio el Inpec reportó 108.622 personas privadas de la libertad a cargo de esa institución, con un hacinamiento de 34,22 %, que equivale a una sobrepoblación de 27.694, cifra que aumentará como consecuencia del ingreso a las diferentes cárceles del país de los condenados y detenidos con perfil del ato riesgo.

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Nuevos planes para los privados de la libertad

El ente de control pidió remitir a las procuradurías delegadas para la Salud, Protección Social y Trabajo Decente y la Defensa de los Derechos Humanos, los protocolos de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del Covid-19 instaurados en los establecimientos penitenciarios y carcelarios del país.

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Estos se aplicarían teniendo en cuenta que «la emergencia sanitaria perdurará durante un término que es imposible de definir, y en las condiciones actuales impera la necesidad de persistir en las medidas de deshacinamiento de las cárceles de Colombia, con la finalidad de garantizar la salud y la vida de la población privada de la libertad», explicó la Procuraduría.