La Procuraduría General de la Nación concluyó que la excongresista es responsable del delito de corrupción al sufragante

Aida Merlano, fue destituida e inhabilitada por el procurador Fernando Carrillo, en un periodo de 10 años por su responsabilidad en la compra de votos y corrupción electoral en las elecciones legislativas de 2018.

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La investigación contra Aida Merlano estaba vigente desde el 14 de marzo de 2018 por las irregularidades en la campaña electoral al Senado de la República. Por estos mismos hechos, la Corte Suprema condenó a la excongresista a 11 años y 4 meses de prisión.

El fallo de la Procuraduría indica que «Aída Merlano Rebolledo puede ver comprometida su responsabilidad disciplinaria, porque el 11 de marzo de 2018, fungiendo como representante a la Cámara, al parecer cometió el delito de corrupción al sufragante tipificado en el artículo 390 del Código Penal, toda vez que presuntamente entregó dinero con el propósito de que los electores votaran por ella para el Senado de la República período 2018-2022».

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Igualmente, Carrillo explicó que Aida Merlano defraudó el ordenamiento jurídico, la representación del pueblo en su condición de congresista y el deber que demanda el artículo 95 constitucional.

«La condición de servidora pública en este caso, no solamente le exigía un actuar que honrara el desenvolvimiento ajustado a la moralidad pública como congresista, sino además que salvaguarde la libertad de la elección como lo prevé el orden jurídico», puntualizó la decisión fechada al 7 de diciembre de 2020.

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«El apoyo del señor Julio Gerlein sirvió para impulsar económicamente las aspiraciones de Merlano Rebolledo, sin embargo, la campaña al Senado se transformó de un certamen democrático a un foco de corrupción, por cuanto se entregó dinero a cambio de votos», reiteró el documento.

Fallo de la Procuraduría sobre Aida Merlano