La denuncia fue realizada a través de redes sociales.

Ambientalistas del municipio de San Gil, Santander, denunciaron ante la Secretaría de Salud y la Policía Nacional un local de comidas donde, al parecer, venden carne de perro para el consumo humano.

Al lugar llegaron las autoridades  concluyendo que los productos cárnicos que empleaban en los platos no contaban con la documentación requerida, por lo que sellaron el establecimiento.

Luis Gabriel Urrea de la secretaría de Salud informó que «se tomó una medida de clausura temporal junto con decomiso de productos que se encontraban en mal estado y no contaban con documentación de procedencia de los productos cárnicos comestibles».

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