A las 11:03 p.m. del 29 de agosto de 2019 la Fuerza Aérea bombardeó el sitio para abatir a alias ‘Gildardo Cucho’, cabecilla de Grupos Armados Organizados residual E-7

 

¡Lo sabían antes del bombardeo! El Ejército Nacional, en medio de la Operación Atai, había sido notificado que el esquema de seguridad de alias ‘Cucho’, jefe del antiguo Frente Séptimo de las Farc, estaba compuesto por niños reclutados por esta guerrilla cuando fue bombardeado por aviones de las Fuerza Aérea.

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Bombardeo premeditado

Así lo determinó una investigación hecha por los medios de investigación periodística Cuestión Pública y DeJusticia en su más reciente reportaje sobre el tema.

Y es que el informe de Inteligencia No. 937 de carácter “secreto” y de “uso exclusivo del Ministerio de Defensa Nacional y del Comando General de las Fuerzas Militares del Ejército Nacional” demuestra que el 24 de agosto de 2019, cinco días antes de la denominada Operación Atai, el Ejército sabía que el esquema de seguridad de alias “Cucho” estaba conformado por menores de edad, producto del reclutamiento forzado.

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En su momento, cuando el escándalo estalló en el Congreso de la República, el entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, quiso desmentir este hecho, cuestión que tampoco reconoció el presidente Iván Duque, lo que esta vez queda desmentido, pues sí estaban al tanto.

Esta operación acabó con la vida de ocho menores de edad.

La Operación Atai, es decir el bombardeo, tuvo lugar en San Vicente del Caguán, Caquetá, en zona selvática el 29 de agosto del 2019. A las 11:03 p.m. La Fuerza Aérea bombardeó el sitio para abatir a alias ‘Gildardo Cucho’, cabecilla de Grupos Armados Organizados (GAO) residual E-7 que respondía órdenes de Gentil Duarte, disidente de las Farc.

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“Ante la evidencia de la muerte de al menos ocho menores de edad en una situación totalmente excepcional en un Estado de derecho, y al confrontar las declaraciones del presidente Duque sobre el carácter “impecable” de la operación; las del personero municipal de Puerto Rico, Caquetá, Herner Carreño, que había alertado sobre el reclutamiento forzado de menores en la zona; las denuncias del senador Roy Barreras y el trabajo periodístico en la zona del operativo, en Dejusticia estimamos que en este caso faltaba información para poder dar un mejor debate público sobre estos hechos”,  dijo Juan Carlos Upegui investigador de Dejusticia, centro de investigación socio jurídica dedicado a la promoción de los Derechos Humanos, a la garantía del interés público y al fortalecimiento del Estado de derecho.

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