Para la Defensoría, el abuso sexual de la niña debe ser esclarecido por la justicia ordinaria, para que se pueda sancionar ejemplarmente a los responsables directos y así reparar a las víctimas

 

El Gobierno Nacional se tomó la tarea de acompañar el proceso de restablecimiento de derechos de la niña emberá abusada sexualmente por siete soldados del Ejército Nacional, ya imputados, en Risaralda.

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Como ya era sabido, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Lina María Arbeláez, y la consejera presidencial para la Niñez y la Adolescencia, Carolina Salgado, hicieron parte de dicha jornada en la que se escucharon a los representantes de la comunidad indígena a la que pertenece la menor.

Estas funcionarios se trasladaron hasta el resguardo indígena Gito Dokabu–emberá katio, ubicado en el corregimiento Santa Cecilia del municipio de Pueblo Rico (Risaralda).

Igualmente, sostuvieron un encuentro con representantes de la ONIC y la Defensoría del Pueblo para reivindicar el diálogo a través del reconocimiento de la aplicación del enfoque diferencial, aclarando las acciones adelantadas para atender la niña víctima.

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La directora del ICBF reiteró el llamado a un trabajo articulado con las entidades esenciales como el Ministerio del Interior, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas de Colombia y la Secretaría de Salud de Risaralda, reconociendo siempre la jurisdicción especial indígena a su autoridad tradicional para determinar puntos y medidas de protección.

Para la Defensoría, el abuso sexual de la niña debe ser esclarecido por la justicia ordinaria, para que se pueda sancionar ejemplarmente a los responsables directos y así reparar a las víctimas.

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Esa entidad consideró que es necesario que el Ejército Nacional y el Ministerio de Defensa hagan una investigación exhaustiva para determinar las condiciones institucionales que permitieron que aconteciera este grave hecho.

Con información de RCN Radio

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