Caso Uribe
El caso Uribe está como una "papa caliente" que ningún alto Tribunal quiere tener en sus manos.

 

La jueza 30 de garantías de Bogotá remitió, nuevamente, el caso del expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez a la Corte Suprema de Justicia para que se evalúe si este debe continuar bajo la Ley 600 o si pasa a juzgarse bajo la Ley 906.

Proceso contra Uribe por masacre de El Aro pasa a manos de la Fiscalía

A las 9:20 a.m. se reanudó la audiencia para decidir el futuro del proceso que se le sigue al también líder natural del Centro Democrático por presunto fraude procesal y soborno a testigos.

¿Corte o Fiscalía?

Los abogados que representan al senador Iván Cepeda solicitaron en su momento que el proceso continuara en la Corte, mientras que la defensa de Uribe Vélez y el Ministerio Público apoyaron la previa decisión de pasarlo a la Fiscalía.

La jueza suspendió la audiencia el pasado 16 de septiembre para estudiar ambas posiciones, y para tomar este martes una decisión al respecto, sobre lo que cual dijo que la regla general es que cualquier delito cometido con posterioridad al 1 de enero de 2005 (cuando entró en vigencia el sistema penal acusatorio) debe ser tramitado por la Ley 906 de 2004, excepto los casos de aforados constitucionales.

Por esto, afirmó, que la Ley 600 de 2000 resulta vigente para delitos cometidos antes de 2005 y para el juzgamiento de los miembros del Congreso, sin importar la fecha de comisión de los hechos.

En este sentido, aseguró la jueza, desaparecido el fuero de Uribe por la renuncia al Senado, “lo que procede es aplicar la regla general en el sentido en que los casos se deben tramitar por la ley vigente en el momento de los hechos”.

El sistema penal acusatorio decidió

Eso significa que la jueza determinó que como los hechos por los que es investigado  Uribe sucedieron en 2018, entonces su proceso se debe llevar por la Ley 906, es decir, el sistema penal acusatorio.

Así, dijo, la remisión del proceso de la Corte a la Fiscalía no implica un simple cambio de instructor sino que además lleva a que el proceso deba pasar a la Ley 906 de 2004.

Por eso, apuntó la jueza, su posición es que ella sí tiene competencia para poder decidir la solicitud sobre la libertad del expresidente Uribe.

Con la decisión de la jueza queda claro para ella, entonces, cuál es la autoridad competente para decidir si Uribe continúa enfrentando el proceso en prisión domiciliaria, como está en este momento, o si recobra su libertad.

Conflicto de competencias

Si el proceso continúa bajo Ley 600, era el fiscal el responsable de tomar la decisión sobre la libertad de Uribe. Pero en el sistema penal acusatorio, la decisión debe ser tomada por un juez.

Aunque para la jueza es claro que ella es la competente para decidir sobre la libertad de Uribe, sin embargo, determinó que como se elevó un conflicto de competencias esta decisión no la puede tomar ella sola, sino que como hay un desacuerdo entre ella y las partes el caso se le debe remitir a su superior jerárquico.

Es por esto que la jueza le remitió esta decisión a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, que tendrá que definir de fondo cuál es la ley y sistema penal bajo el cual debe seguir el caso del expresidente.

¿Libertad de Uribe? Aún no

Por eso, afirmó, solo hasta que la Corte determine quién es el competente para definir la ley por la cual debe seguir el caso, y en caso de que se establezca que sí le corresponde a un juez, se podrá pronunciar sobre si el expresidente Uribe queda o no libre.

De otro lado, la juez dijo que solo hasta la audiencia de formulación de acusación se sabrá si el exfiscal Eduardo Montealegre y el exvicefiscal Jorge Fernando Perdomo pueden ser víctimas en este caso. Dijo que por ahora se permitió su participación para materializar su petición de ser posibles víctimas en este caso.

Con información El Tiempo, Semana y RCN Radio...

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