«La experiencia laboral o contractual de cualquier juez no afecta per se su imparcialidad»
De acuerdo con la prestigiosa agencia de investigación API, el magistrado de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, César Reyes, quien ha estado en la palestra pública en las últimas semanas por ser uno de los que firmó la orden de detención preventiva en contra el líder natural del Centro Democrático, Álvaro Uribe, habría vendido su firma de abogados a su hija de 19 años.
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Estos detalles se conocen luego que saliera a la luz pública que Reyes, a través de su empresa, Nueva Justicia y Litigación Oral Consultores, suscribió un contrato con el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Jefe de Estado – Juan Manuel Santos) por $547 millones en 2016, para llevar a cabo un inventario de procesados de las Farc.
Hoy, una de las socias y quien reemplazó al Magistrado en la sociedad es una joven estudiante de apenas 19 años de edad. Se trata de Gabriela Reyes Sánchez, su hija. Esta venta, siempre según la Agencia API, se hizo en 2017.
La actual polémica trata de que Reyes, ponente de la medida de aseguramiento que derivó en la detención domiciliaría de Uribe hace un mes, tuvo entonces relación, sino directa sí comercial, con el también expresidente Juan Manuel Santos.
Esta determinación encendió las alarmas jurídicas y políticas en el país, ya que desde el Centro Democrático y varios partidos de Gobierno aseguran que la detención del también en gobernador de Antioquia fue una decisión netamente política, mientras que desde la oposición se habla de que nadie está por encima de la ley.
Según la misma agencia API, varios juristas consultados consideran que el contrato no era argumento para declararse impedido y apartarse de la investigación: «Los impedimentos son taxativos, ello quiere decir que deben estar claros y expresos en la ley”, aseguró un jurista. El penalista Fabio Humar considera que no debió declararse impedido ya que estos impedimentos están señalados en los códigos, «el que se le señala al magistrado no existe en ninguna ley».
Al respecto, el abogado penalista Marlon Díaz indicó que «la experiencia laboral o contractual de cualquier juez no afecta per se su imparcialidad. El magistrado ponente no estaba impedido para tramitar el proceso, pues ninguna de las causales de impedimento previstas en el artículo 56 de Código de Procedimiento Penal le era aplicable, ni siquiera la teoría de la apariencia de imparcialidad que fue aplicada a la doctora Cristina Lombana por la misma Sala».
Al margen de esto, César Augusto Reyes Medina cedió las acciones de su compañía a su hija Gabriela Reyes Sánchez por valor de $5.500.000 millones. Se trata de una estudiante de 19 años nacida en Villavicencio, quien apenas en octubre de 2017 se convirtió en mayor de edad.
Por su parte, Fernando Jiménez Montes hizo lo propio y también cedió sus acciones por $5.000.000 millones a Harry Fernando Mora Mayorga.
El 2 de noviembre de ese mismo año. Los nuevos socios, la estudiante y el consultor se reunieron para designar como representante legal y gerente a Javier Said Yueng, un ciudadano chileno, quien había sido jefe de Reyes en el programa Usaid.
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