La Mandataria de la capital de la República asegura que en las Unidades de Respuesta Inmediata de la ciudad hay 15.971 presos, con lo que el hacinamiento llegó a 292,5 %

 

La alcaldesa Mayor de Bogotá, Claudia López, le envió una carta a la ministra de Justicia, Margarita Cabello, solicitándole, de nueva cuenta, estudiar medidas para trasladar privados de libertad de la Unidad de Respuesta Inmediata (URI) de Kennedy para evitar el hacinamiento que ya hoy se vuelve insostenible con los casos de coronavirus Covid-19.

Distrito reitera llamado al Gobierno Nacional por hacinamiento en URI

Los casos se multiplican en la URI de Kennedy

«Me dirijo a usted nuevamente para plantearle algunas inquietudes relativas a la implementación del Decreto 546 de 2020 (…) la ciudad tiene diagnosticados como positivas 19 personas retenidas en la sala de la URI de Kennedy, siete uniformados de la estación de Policía de Kennedy y otros seis policías adscritos a la estación de Policía de Fontibón», dice la Alcaldesa en la misiva.

Y agrega: «Bajo esas condiciones, es urgente y necesaria la actuación conjunta para mitigar los riesgos de contagio que en la actualidad enfrentan las 15.971 personas retenidas en URI y estaciones de Policía de la ciudad de Bogotá, por cuanto el hacinamiento que hoy se sitúa en el 292,5 % y su mayor grado de vulnerabilidad por condiciones de salud preexistentes, permiten precaver una propagación del contagio en esta población».

Los números no ayudan…

«En total son 24 salas de retenidos con capacidades instaladas que oscilan entre seis y 80 reclusos, y cuya ocupación reporta índices de hacinamiento que van desde el 26 % hasta el 446 %. Del total de retenidos hoy 322 son personas condenadas (20,2 %)», describe la Mandataria capitalina.

A 32 llegaron los contagios de Covid-19 en las URI de Kennedy y Fontibón

Y así continúa: «Desde el mes de febrero y en reiteradas oportunidades hemos ofrecido al Gobierno Nacional alternativas a costa del distrito para la generación de cupos para la población sindicada como es el caso de la construcción de un nuevo establecimiento de reclusión territorial en los predios de La Picota, según convenio 565 de 2018, recibiendo respuesta negativa».

«Así mismo hemos realizado propuestas a la cartera que usted preside, a la Policía Nacional y al Inpec para dar cumplimiento a la implementación del centro especial de reclusión de que trata artículo 27 del decreto 546 de 2020 sin obtener respuesta positiva a las mismas», dice la misiva.

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