Para el Tribunal Administrativo de Cundinamarca es claro que las acciones ilícitas del extinto DAS vulneraron el derecho a la intimidad del demandante
‘Chuzadas’. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró responsable al extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), por extensión al Estado colombiano, por las ‘chuzadas’ o seguimientos ilegales en contra del exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, Iván Velásquez Gómez.
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Ante esto ordenó pagar 100 salarios mínimos mensuales vigentes a este jurista y a los miembros de su familia, que también fueron perseguidos por parte de ambas entidades (Fiduprevisora como sucesora del DAS). En total recibirán 225 salarios mínimos mensuales vigentes.
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Sumado a esto, el Dapre deberá llevar a cabo un acto público de desagravio, con la presencia de los demandantes, presidido por su director y acompañado del director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en el cual refiera a manera de disculpas públicas, las razones principales de esta sentencia y la promesa de no repetición, en un plazo no mayor a 30 días hábiles.
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«Con ocasión de las presuntas actividades de persecución que se efectuaron en contra del entonces magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, Iván Velásquez Gómez, relacionadas, entre otras, con interceptaciones y seguimientos ilegales con el fin de desacreditar su imagen, y por omitir adelantar en debida forma las investigaciones disciplinaria y penal respectivas, por estos hechos», dice el documento.
Iván Velásquez era uno de los magistrados que investigaba la parapolítica y en ese entonces, recolectaba testimonios contra Mario Uribe, primo del expresidente Álvaro Uribe Vélez y quien, según la justicia, estableció una alianza con excomandantes paramilitares para asegurar su presencia en el Congreso de la República en 2002.
Sobre el DAS
Para el Tribunal Administrativo de Cundinamarca es claro que las acciones ilícitas del extinto DAS, órgano de inteligencia del Estado, vulneraron el derecho a la intimidad del demandante, teniendo en cuenta que, uno de los miembros de su esquema de seguridad fue reclutado como una fuente humana del DAS y aprovechando la confianza que entonces magistrado auxiliar Velásquez Gómez le brindaba, recolectó información no solo relacionada con asuntos laborales, sino con aspectos privados de tipo personal y familiar. Información que, posteriormente, remitían a la Presidencia de la República.
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Por esto, el tribunal también declara responsable al Departamento Administrativo de la Presidencia, en cabeza en ese entonces de Bernardo Moreno.
“Se puede afirmar que las operaciones de inteligencia realizadas por el DAS fueron promovidas por el Director de este Departamento, teniendo en cuenta que era el destinatario de la información de inteligencia, a sabiendas que la misma se obtenía a través de procedimientos ilegales”, dice la sentencia.
