«En esa sentencia no se refirió a ese asunto y además nosotros somos jueces y lo hacemos en el marco de un proceso judicial respetuoso del debido proceso»
El presidente del Consejo de Estado, magistrado Álvaro Namén, aclaró este miércoles ante Congreso de la República y al Ejecutivo Nacional que el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor del senador Gustavo Petro no tumba las facultades del alto tribunal colombiano de declarar pérdida de imbestidura.
Estudian herramientas para evitar impunidad por fallos de la Corte IDH sobre Petro
“En cuanto a la pérdida de investidura no se afecta un ápice y de ninguna manera puede verse interferida, limitada o menoscabada la institución de la pérdida de investidura con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ni la competencia del Consejo de Estado para decretarla”, afirmó.
El Presidente del Consejo de Estado explicó así que “en esa sentencia no se refirió a ese asunto y además nosotros somos jueces y lo hacemos en el marco de un proceso judicial respetuoso del debido proceso y con todas las garantías y derecho de los sujetos pasibles de esa acción”.
El Gobierno se muestra “sorprendido” tras fallo de la Corte IDH sobre Petro
Desde el fallo de la Corte IDH, voceros de Gobierno Nacional mostraron su preocupación por una posible afectación de competencias de las entidades judiciales del Estado, ya que según la sentencia, solo un juez penal puede destituir de un cargo público a un funcionario elegido por elección popular.
En este sentido, la máxima voz del Consejo de Estado se mostró de acuerdo con la necesidad de legislar para cumplir con el fallo emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y evitar que se sigan generando malas interpretaciones sobre las facultades que tienen los organismos administrativos frente a los funcionarios públicos.
Corte IDH falló a favor de Petro por su destitución como Alcalde de Bogotá
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior y de la Cancillería, se comprometió a apoyar el paquete legislativo que se necesita para aplicar la sentencia emitida por el tribunal internacional en el caso de Gustavo Petro.
