En la elección del controlador y personero municipal, se presentaron unas presuntas irregularidades y la Fiscalía General de la Nación formuló un pliego de cargos contra un concejal y exconcejal de Soacha
Los pliegos de cargo fueron contra Carlos Alonso Rodríguez Chía y Joel de los Ríos Ocampo, expresidente y vicepresidente del concejo de Soacha en el 2019. La Procuraduría General de la Nación está informada de estas irregularidades y la acusación está relacionada con su presunta injerencia en el proceso de elección del contralor municipal y en el concurso para escoger al personero.
Los hechos se registraron el pasado 25 de septiembre del 2019, cuando el consejo de Soacha, convoca a concurso de méritos para el cargo de personero 2020-2024, mediante la resolución 322.
Los concursos eran para los cargos de personero y contralor para el periodo 2020 – 2024 y al parecer limitaron la participación de aspirantes, con lo que habrían incurrido en falta disciplinaria.
En el 2019, el 3 de octubre, inició el proceso mediante la fase de pruebas de conocimiento, donde se presentaron 62 candidatos. Dicha prueba era de carácter eliminatorio.
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En el artículo 3 de dicha Resolución, el cabildo asume toda la responsabilidad de la elección a través de la mesa directiva, mediante el apoyo de la Corporación Universitaria IDEAS. Esta corporación es la misma que realizó el proceso del concurso en Funza, Mosquera y Girardot, y que terminó con su anulación.
El 19 de diciembre de 2019, en el Juzgado Tercero Administrativo de Bogotá admite la demanda de nulidad presentada por un ciudadano en contra la Resolución N° 322 de 2.019, expedida por el Concejo de Soacha, por medio de la que se convocó el concurso de Personero Municipal que se venía realizando con el apoyo de la Corporación Universitaria IDEAS, de manera preventiva ordena la suspensión provisional del concurso por una presunta violación a los principios de publicidad y libre concurrencia.
En el fallo, la Procuraduría también estableció que Carlos Rodríguez y Joel de los Ríos Ocampo definieron que la Corporación Universitaria de Colombia, IDEAS, apoyaría la realización de los procesos sin tener en cuenta que la institución carecía de la acreditación en alta calidad que exige la ley.
Por los hechos, el ente de control calificó provisionalmente la aparente conducta de los disciplinables como falta grave cometida a título de culpa gravísima.
