Para el gremio de los recursos humanos hay temas más prioritarios que el Estado debe atender. La Federación reclama urgentemente que el Gobierno llame a expertos de talento humano para la aplicación de la Ley

 

La Federación Colombiana de Gestión Humana (Acrip) rechazó, a través de un comunicado de prensa, la Ley de Reducción de Jornada Laboral, ya que a juicio de sus socios y colaboradores llega en el “peor momento”.

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“Como nación urge resolver otros temas como la reactivación económica, la alta informalidad y baja productividad del trabajo, y la mitigación de las altas tasas de desempleo, sobre los que esta ley puede tener un efecto contrario el pretendido”, señala el texto.

Agrega además que aunque “parte de una noble intención de brindarles calidad de vida a los empleados, desconoce la realidad del sector empresarial en Colombia y pone en riesgo su sostenibilidad productiva”.

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En el comunicado de prensa, la presidenta de la Acrip, Gladys Vega, insiste en que “esta ley que disminuye la jornada laboral legal de 48 horas semanales a 42, es inconveniente; ya que, en contravía de sus intenciones, conlleva el riesgo de perjudicar el mercado laboral en general al desincentivar la formalización del trabajo y poner en una encrucijada financiera a las empresas, sobre todo a las pymes, a las que con mucho esfuerzo tomará más tiempo recuperarse de la crisis producida por la pandemia y los paros”.

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“Independientemente de su gradualidad (de la reducción de la jornada laboral), es necesario dar un mayor compás de recuperación al empresariado del país, los impactos de la pandemia y los paros ya son muy complejos, y debemos es buscar soluciones que incentiven el crecimiento y sostenibilidad de las empresas, y que por tanto aumenten los empleos de calidad. No aumentar los costos y hacer más difícil hacer empresa, de lo que ya es. Por otro lado las grandes problemáticas  del país en materia laboral están en las brechas de formación para el empleo, salarios, la gran cantidad de festivos, días no laborales, etc… temas que deben tenerse en cuenta a la hora de lanzar una propuesta de tanto impacto como esta, donde además se deberían considerar normativas  diferenciadas para las miPYMEs y emprendimientos”, señala Vega.

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