“Proponemos una reforma laboral concertada, balanceada y que promueva el empleo formal”, Carlos Hernán Godoy

 

A raíz de los anuncios sobre lo que sería el texto del proyecto de reforma laboral, se hicieron más visibles las disfuncionalidades actuales y sus causas.

Con lo anterior es posible afirmar que hay causas económicas y causas normativas. Las causas económicas son aspectos como los mínimos de ley que desconocen la capacidad del micro aparato productivo, un sistema de protección social inapropiado para el trabajo independiente y la ausencia de una base de protección social universal financiada por el estado. Sin olvidar el desconocimiento de la productividad como condición de sostenibilidad.

Por otra parte, las causas normativas hacen referencia a la expedición de normas inapropiadas, desconectadas e ineficaces; el desconocimiento de las formas especiales y nuevas de trabajo; la pretensión de un estatuto del trabajo que ya fue elaborado a través de la doctrina constitucional; y los vacíos y distorsiones para el ejercicio de los derechos de asociación y negociación.

Álex Flórez regresó al congreso tras el escandalo que protagonizó ebrio

Desde la campaña presidencial y desde el nombramiento de la Ministra de Trabajo, se anunció su expedición, el cual sería construido de la mano con centrales obreras y empresarios.

«Es cierto que el artículo 53 de la constitución ordenó al congreso la tarea, pero han pasado 31 años de omisión y ya otra autoridad se ocupó de la misma. En efecto, la Corte Constitucional en múltiples sentencias de constitucionalidad y de tutela ha desarrollado todos los principios del artículo 53, dado que todas las normas relevantes del código sustantivo del trabajo y más, han sido demandadas por considerarlas contrarias a la constitución”, aseguró Carlos Hernán Godoy, socio fundador de Godoy Córdoba.

La informalidad y el desempleo en la reforma laboral

Para generar empleo formal se necesita que las empresas puedan cumplir con las obligaciones económicas respetando los mínimos de ley. Por lo tanto, resulta esencial verificar si los mínimos de derechos y garantías se definieron teniendo en cuenta la capacidad de los empresarios.

“Según Confecámaras, el tejido empresarial colombiano es de cerca de 1.700.0000 empresas formales, de las cuales hay: 92% micros, 6% pequeñas, 1,6 % medianas y 1,5 grandes. Así mismo, según datos de Mintrabajo la informalidad hoy está en el 58,4%. Lo anterior significa que la ley laboral no llega al 78% de la población económicamente activa, si le sumamos el 10% de desempleo”, aclaró.

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