Las entidades públicas fueron frenadas para evitar que los empleados sigan sin recibir sus prestaciones sociales

 

El Consejo de Estado estableció reglas en la relación laboral que existe entre las entidades públicas y las personas que tienen contratos por prestación de servicios, con el fin de evitar que se vulneren sus derechos como trabajadores.

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Dentro de los nuevos lineamientos, se especifica que se “establece un periodo de 30 días hábiles, entre la finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no solución de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en atención a las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del expediente”.

Es por ello que se consideró que si existe una prestación personal del servicio, la subordinación y el pago de un salario periódico, hay una relación laboral que no puede estar contemplada en un contrato de prestación de servicios.

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Finalmente, se aclara que “frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad Social en salud, por parte de la administración, es improcedente la devolución de los valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como recursos de naturaleza parafiscal”.

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