Adriana Guillén, presidente de Asocajas, expresa preocupación por la futura reforma en el sector de la salud eliminando las EPS
La finalidad de mostrar que los aportes a las cajas de compensación son una fuente de redistribución de la riqueza que hacen los empresarios y que estas entidades pueden ser aliadas del Gobierno en sus políticas sociales, esta semana deliberará el Congreso de Asocajas en Cartagena. Adriana Guillén, presidente ejecutiva del gremio, habló con Portafolio de propuestas que harán al Gobierno y de las preocupaciones por la reforma a la salud que incluiría el fin de las EPS.
Entrevista a Adriana Guillén:
¿Cuál será el mensaje central en el Congreso?
«Queremos mostrarle a la opinión pública cómo la redistribución del ingreso en el sistema de compensación familiar. Es importante que se entienda, primero, que esta es una prestación social. Y, lo segundo, que este aporte de los empleadores es un parafiscal atípico, y así lo ha dicho la Corte Constitucional en varias sentencias, lo que significa que los recursos no son del Estado, sino que son de los trabajadores y queremos que eso se entienda».
¿Hablarán de inclusión?
«Los trabajadores del país son heterogéneos, tenemos mujeres cabeza de familia y afro, población indígena, en discapacidad, adulta mayor y queremos visibilizar a los que atienden las cajas en diferentes programas, también con la idea de que se empiece a hacer una atención diferencial. Y hablaremos del concepto inclusión y dignidad».
¿De qué se trata?
«Queremos mostrar que el hecho de que un trabajador sea formal no significa que no es vulnerable. Si una mujer es cabeza de familia, tiene dos niños y gana un salario mínimo, al dividirlo entre tres personas, ese grupo está por debajo de la línea de pobreza, pero como son formales escapa del foco de los programas del Estado».
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«Precisamente, las cajas están volcadas en esa población que gana menos dos salarios mínimos, en el sistema es casi el 76%. Queremos demostrar que es una fuente de redistribución de la riqueza que aporta el empresario y cómo ese aporte de $480.000 al año por un trabajador que gana un salario mínimo se puede volver hasta $34 millones gracias a cuotas monetarias, becas, subsidio de vivienda y auxilios a los cesantes, entre otros programas que mostraremos. Los ayuda a alejarse de esa línea de pobreza y a que se consoliden en la clase media. Mostraremos los programas que tenemos para ayudarlos».
¿Cuáles son las cifras generales del sistema?
«El año pasado fueron $8,4 billones, repartidos en una población de 10.3 millones de trabajadores afiliados y 10,6 millones de familiares beneficiarios».
¿Qué expectativas tienen con la ola de reformas que plantea el Gobierno?
«Somos un actor muy interesante para el Gobierno por la línea social que tiene y por nuestra experiencia, aquí se puede materializar el concepto de gobernanza colaborativa.
He escuchado a la Ministra de Vivienda diciendo que se quiere mantener la concurrencia de subsidios y generar subsidios rurales, lo cual nos interesa. Queremos presentarle la posibilidad de que haya subsidios para compra de vivienda usada, algo que para los trabajadores de clase media sería muy interesante. En cuanto al Ministerio de Trabajo, la ministra ha dicho que quiere revisar el auxilio al desempleo con el fin de eliminar barreras de acceso y en eso podemos trabajar».
¿No teme que en la reforma laboral quieran tocar el sector?
«Siempre hemos estado en ese espectro. Uno lo que tiene que revisar es su efecto redistributivo y cómo ese aporte se puede ver como una inversión. Esta es una prestación social y no se puede eliminar per se por lo que comentaba antes, para que eso se pueda hacer – lo cual sería altamente regresivo- tendría que tener una justifi cación muy importante. La eliminación de uno o dos puntos traería consecuencias muy graves en la política social».
¿Y el tema de la salud?
«Nos tiene preocupados, como a todos, porque creemos con el mayor respeto, que la eliminación de este actor – las EPS- no soluciona problemas estructurales. El año pasado, por ejemplo, de las 92.000 tutelas que se presentaron al sistema una gran mayoría tenía que ver con la oportunidad en la atención y acá el problema es deficiencia de personal en ciertas especialidades».
¿Qué otros problemas tiene el sistema?
«Hay que mirar la suficiencia de la UPC y hasta dónde va a llegar el Estado o quién sea en los servicios. Nos da mucho miedo que un cambio como se está planteando a lo que lleve en realidad sea a que las personas que tienen la posibilidad sigan pagando pólizas de salud y las que no reciban un servicio en condiciones diferentes, a menos que se aseguren de que los entes territoriales van a prestarlo de manera muy efectiva».
¿Se habla de una intermediación que no es eficiente?
«Pero hay que mirar por qué no es eficiente. Si no hay profesionales, el reclamo es para la EPS pero si se elimina ese actor a quién se le va a reclamar después».
Detalles de la Reforma a la salud
«Sobre el costo médico, las EPS hacen un muy buen equilibrio financiero para que esa UPC sea suficiente. Es innegable que muchas no tienen reserva técnica o financiera para seguir operando y lo que hemos visto es un descreme del mercado en el cual están quedando las que tienen capacidad2».
«La pregunta es si estamos listos para que esas personas que están con esas EPS robustas se queden sin ellas y pasen a quién, en qué condiciones, quién le va a decir al paciente cuál es la ruta. En todo lo que hemos observado no se nos ha dicho qué va a pasar con el paciente al eliminar el actor, cuándo va a pasar, si va a haber una transición, qué va a pasar con las IPS. Nos falta un pedacito de la película2».
