La medida aplica para el territorio nacional y en algunos casos se habilita la atención domiciliaria
El Ministerio de Salud emitió un boletín en el cual explica que las EPS e IPS en todo el territorio nacional deben garantizar la atención a la población vulnerable. Entre los cuales se encuentran los adultos mayores, habitantes de calle, mujeres víctimas de la violencia, grupos étnicos, población migrante y población con
discapacidad.
Cabe mencionar que para el caso de la población mayor se priorizó la atención domiciliaria, la entrega de medicamentos al hogar. Entre otras medidas, como el aislamiento preventivo hasta el 30 de mayo, el cierre de los centros día/vida y la cuarentena en los centros de larga estancia.
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A estos se les suma las personas con condiciones crónicas de base o inmunosupresión por enfermedad o tratamiento, a quienes se les asegurará la atención ambulatoria durante la emergencia sanitaria por COVID-19.
«La idea con el establecimiento de estas medidas es asegurar unas condiciones que permitan a las poblaciones vulnerables un bienestar mínimo ante la compleja situación que afrontamos». Explicó Plinio Alejandro Bernal, director de Aseguramiento en Salud del Ministerio de Salud y Protección Social.
Garantía para las demás poblaciones
Para el caso de los habitante de calle, que se estima son 32 mil que se concentran en las principales ciudades del país, se tienen en cuenta acciones por parte de los entes territoriales como identificación y monitoreo de las zonas de concentración, fortalecer las acciones de limpieza, desinfección y recolección de residuos, como también procurar albergues e identificar el aseguramiento en salud.
Un tercer grupo son las mujeres víctimas de la violencia, para lo cual se busca otorgar 14 mil millones de pesos a los departamentos y distritos para que estas mujeres y sus hijos puedan acceder a casas de paso/refugio, alimentación y transporte para que puedan mantenerse alejadas del victimario, según lo contemplado en la Resolución 585 de 2020.
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Por su parte, los grupos étnicos tienen sus garantías en atención en salud, sumado a una serie de recomendaciones explicitas en la Circular Conjunta 15. En donde se les solicita a permanecer en los territorios durante la cuarentena, restringir el ingreso de externos, entre otras medidas como direccionar los casos sospechosos covid19 a las EPS, IPS y secretarías de Salud.
Adicionalmente, la población migrante, alrededor de 1.1 millones de personas en situación migratoria irregular y de su mayoría de Venezuela, también cuenta con lineamientos como es la garantía del aseguramiento en salud. Además de la atención a urgencias para quienes están en condición irregular sin PEP, como también otras medidas que procuraran priorizar como albergues, vigilancia epidemiológica comunitaria y esfuerzos con organismos internacionales.
Por último, la población con discapacidad, también tiene garantizada la atención en salud por parte de las EPS e IPS, priorizando la atención domiciliaria para los pacientes crónicos e inmunodepresivos.
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