«Ningún equipo o suministros militares o de inteligencia transferidos o vendidos al Gobierno de Colombia (…) por Estados Unidos deben usarse para fines de vigilancia ilegal contra la población civil, incluidos defensores de derechos humanos, personal judicial, periodistas o la oposición política»

 

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este miércoles la enmienda del congresista, Jim McGovern, en donde se le imponen duras condiciones a Colombia para poder seguir recibiendo ayuda de la Casa Blanca, a lo que se suma una detallada rendición de cuentas del uso que se le da a ese dinero.

Estados Unidos exige no más ‘chuzadas’

«Ningún equipo o suministros militares o de inteligencia transferidos o vendidos al Gobierno de Colombia en virtud de los programas de asistencia del sector seguridad de los Estados Unidos deben usarse para fines de vigilancia ilegal o recolección de Inteligencia dirigida contra la población civil, incluidos defensores de derechos humanos, personal judicial, periodistas o la oposición política», dice el documento aprobado.

Entrega de cuentas

El documento resalta que en 120 días a partir de hoy el secretario de Estado, Mike Pompeo, y el Departamento de Defensa de Estados Unidos deberán hacer entrega directa al Congreso de ese país un informe destallado sobre el uso que se le ha dado y que se le está dando en Colombia a la asistencia en seguridad brindada por la Casa Blanca.

Dicho informe deberá especificar cualquier hallazgo con respecto a interceptaciones ilegales entre 2019 y 2020, dando claridad de los uniformados que participaron y las cadenas de mando que tenían en ese momento, además de explicar la destinación que tuvo la información obtenida por las unidades.

Argumentación militar

Adicionalmente, se entregará un resumen de los militares o policías que participaron de las operaciones ilegales contra la población civil y personas no combatientes desde 2002 a 2018.

Allí también tendrán que suministrarse detalles de las acciones que ejecutaron en su momento las autoridades y el Gobierno colombiano en respuesta al mal uso de la asistencia suministrada.

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