“Reitero la plena disponibilidad del Ministerio que dirijo para atender cualquier solicitud proveniente de la Procuraduría General de la Nación o de cualquier autoridad judicial en el marco de dichas investigaciones”

 

¡Las pruebas ya! El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo le ordenó al director de la Policía Nacional, general Óscar Atehortuá, entregar lo más rápido posible las pruebas solicitadas por la Procuraduría General de la Nación sobre los funcionarios de esa entidad que dispararon contra los manifestantes y además sobre los vándalos que causaron destrozos en Bogotá en las jornadas de protestas del 9 y 10 de septiembre.

Las pruebas, ¡rápido!

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En una carta enviada al procurador delegado para la Fuerza Pública y la Policía Judicial, Hernán Rincón Cuéllar, el Ministro de Defensa señala que las instrucciones que ha dado a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional son de plena colaboración y apoyo con las autoridades judiciales y disciplinarias, en el marco de las investigaciones adelantadas por las autoridades competentes por los desmanes que se registraron en la capital y en los cuales se registró la muerte de 10 civiles y 300 heridos.

“Reitero la plena disponibilidad del Ministerio que dirijo para atender cualquier solicitud proveniente de la Procuraduría General de la Nación o de cualquier autoridad judicial en el marco de dichas investigaciones”, señaló Carlos Holmes Trujillo.

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Pronta y transparente respuesta

El Procurador delegado para la Fuerza Pública había exigido una pronta y transparente respuesta sobre el abuso policial que se habría presentado durante las protestas ciudadanas del 9 y 10 de septiembre, las cuales, según el Gobierno, fueron infiltradas por grupos armados al margen de la ley.

En dicha solicitud, el Ministerio Público le pidió a la dirección de la Policía Nacional entregar un informe sobre las novedades que se registraron esos días por parte de sus subalternos con el uso de sus armas de dotación durante las manifestaciones y también se le solicitó información puntual en el caso de la muerte del estudiante de Derecho, Javier Ordóñez en el CAI de barrio Villa Luz, en el occidente de Bogotá, tras un procedimiento policial al parecer irregular.

El delegado de la Procuraduría reveló que en los días posteriores a dichas protestas fueron radicados tres documentos solicitando dicha información, sin embargo, explicó que la respuesta que recibió no era acorde con los hechos presentados en dichas protestas.

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