Este interpuso una tutela para que la Corte Constitucional determine si tiene derecho a que se revise su condena, decisión que se conocería este miércoles

 

El exministro Andrés Felipe Arias le pidió a la Corte Constitución que le dé el beneficio de libertad mientras se lleva a cabo la revisión de su caso, que comienza este mismo miércoles.

Arias pide la libertad

“Se solicita a la Honorable Corte Constitucional que se le conceda al Accionante la libertad personal desde el momento en que se profiera la sentencia de tutela hasta cuando se resuelva la impugnación a la sentencia condenatoria de única instancia del 16 de julio de 2014″, dice el petitorio del abogado del hoy convicto a 17 años de prisión.

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Y agrega: «Teniendo en cuenta que la sentencia susceptible de impugnación no se encuentra en firme y, por lo mismo, en virtud de la presunción de inocencia y de la libertad personal consagradas en el artículo 29 de la Constitución Política, la condena a pena privativa de libertad no debe ejecutarse al menos que se confirme la condena”.

No obstante, según el Héctor Riveros, panelista de la frecuencia radial, el Alto Tribunal sí concedería la segunda instancia a Arias, pero la libertad es otro tema en el que, según él, no entraría la Corte Constitucional.

Comienza proceso de revisión del caso

Arias interpuso una tutela para que la Corte Constitucional determine si tiene derecho a que se revise su condena, decisión que se conocería este miércoles.

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Asimismo, el Alto Tribunal está inclinado a concederle la tutela a Arias “acogiendo el artículo 29 de la Constitución al igual que la Convención Americana de Derechos Humanos donde se garantizan los recursos contra los fallos judiciales”.

Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia sostiene que no se puede revisar una sentencia que fue interpuesta “4 años antes de que se creara la norma, que beneficia a los aforados”.

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En caso de que el fallo sea a favor de Arias, explica el abogado Hernando Herrera, no significa que el exministro quede absuelto. Sin embargo, sí sentaría un precedente para que otros exfuncionarios condenados antes de 2018 (cuando se creó la segunda instancia) busquen ese mismo beneficio.