«En 2008, el entonces presidente Álvaro Uribe extraditó a este narco y a otros 13 comandantes paramilitares de forma abrupta a los Estados Unidos para que fueran procesados por causas de narcotráfico»
¿Mancuso, a Italia o a Colombia? Human Rights Watch (HWR) emitió este sábado un comunicado público rechazando la «negligencia» de la justicia colombiana para extraditar a ese país al exlíder paramilitar y confeso y convicto narcotraficante, en Estados Unidos, Salvarote Mancuso.
Mancuso vuelve y pide perdón en medio de su proceso de extradición a Colombia
«El Gobierno de Colombia debe agotar de forma urgente todas las vías legales para lograr la extradición del excomandante paramilitar Salvatore Mancuso desde los Estados Unidos», señaló la influyente ONG defensora de los derechos humanos.
En el extenso comunicado HRW apunta que «hasta ahora, las autoridades colombianas han hecho mediocres esfuerzos por lograr su retorno. El líder paramilitar debería rendir cuentas por sus atrocidades, y su testimonio podría ser extremadamente valioso para lograr la verdad plena sobre crímenes cometidos por grupos paramilitares y sus cómplices».
A esto, el director parta Las Américas de esta ONG, José Miguel Vivanco, apuntó que «el testimonio de Salvatore Mancuso podría ayudar a develar la verdad sobre cientos de crímenes atroces y garantizar justicia para miles de víctimas (…) Pero hasta ahora las autoridades colombianas han hecho muy poco para lograr su extradición, y los pasos que han tomado han sido notoriamente negligentes».
«En 2008, el entonces presidente Álvaro Uribe extraditó a Mancuso y a otros 13 comandantes paramilitares de forma abrupta a los Estados Unidos para que fueran procesados por causas de narcotráfico», dice la ONG.
Los comandantes paramilitares fueron trasladados a Estados Unidos luego que la Corte Constitucional de Colombia ordenara que los paramilitares debían contar toda la verdad sobre sus crímenes e identificar a sus cómplices si deseaban obtener sentencias reducidas con arreglo a la Ley de Justicia y Paz, aprobada en 2005.
«Al momento de la extradición, la Corte Suprema estaba logrando avances significativos en investigaciones en contra de aliados de Uribe en el Congreso, así como de otras autoridades departamentales y municipales posiblemente implicadas en vínculos con grupos paramilitares», asegura la ONG.
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Desde los Estados Unidos, Mancuso continuó confesando crímenes con arreglo a la Ley de Justicia y Paz, la cual le otorga penas de hasta ocho años de prisión a los miembros de grupos paramilitares que se desmovilizan, confiesan sus crímenes y entregan los bienes que obtuvieron de forma ilegal.
En noviembre de 2019, un juzgado de Bogotá concluyó que Mancuso ya había cumplido con su pena de Justicia y Paz en los Estados Unidos y le otorgó la libertad condicional. Pero el 11 de agosto, el Tribunal Superior de Bogotá revocó esa decisión de noviembre pasado y ordenó el arresto de Mancuso.
El Tribunal solicitó al Ministerio de Justicia que procurara la extradición de Mancuso. La decisión del 11 de agosto se produjo después de una apelación interpuesta por parte de un abogado de las víctimas y de la Fiscalía.
El presidente Iván Duque ha dicho que quiere que Mancuso vuelva al país o que sea juzgado en el exterior por sus crímenes. “Más se demora él en pisar suelo italiano, que en yo presentarle a la Corte Penal Internacional (CPI) directamente una solicitud para que sea procesado por esos crímenes”, sostuvo el presidente Duque en una entrevista con la Revista Semana.
«En lugar de hacer anuncios espectaculares sobre su intención de llevar a Mancuso a la CPI, sería mucho más útil que el presidente Duque priorice este caso y se asegure que su gobierno haga esfuerzos urgentes, oportunos y eficaces para lograr la extradición de Mancuso a Colombia”, sostuvo Vivanco.
Lea aquí todo el comunicado de HRW sobre el caso Mancuso…
