«Cuando el proceso de paz se empezó a dar, supimos que no había garantías, nos hicimos a un lado y seguimos dentro del monte (…) y ahora nos ubicamos en varios departamentos del país”
La Fiscalía General de la Nación solicitó en las últimas horas a la jueza 74 de control de garantías imponer medida de aseguramiento en centro carcelario contra los cuatro investigados por los hechos vandálicos registrados en Bogotá entre octubre y noviembre de 2019 en medio del ‘paro nacional’ convocado por varios sectores políticos y gremiales del país.
Delitos de terrorismo, concierto para delinquir, perturbación en medio de transporte público, obstrucción a vías públicas, violencia contra servidor público y daño en bien ajeno. Estos fueron los delitos imputados a Érika Lorena Florez Durán, Justo Ernesto Villaraga Trujillo, Miguel Andrés Parga y Greisy Alejandra Perilla Vargas.
Durante la diligencia, el fiscal encargado del caso argumentó que cuenta con diversas interceptaciones, entre las que hay 1.600 horas de conversaciones y 112.000 actividades como audios, datos y mensajes.
Varias fueron las grabaciones lanzadas por la Fiscalía General de la Nación a la opinión pública que demostrarían cómo se planearon los actos vandálicos en Bogotá.
Uno de los audios es una llamada que hiciera Wilson Reinel Moreno, alias ‘Martín’, al director de una emisora en Ibagué, Tolima, en la que este sujeto se identifica como el jefe del frente segundo Manuel Marulanda Vélez, el cual causa terror en ese departamento.
En la grabación se escucha al delincuente asegurar que el grupo no hace parte de las disidencias de las Farc, obstante aclara que ellos «siempre hemos pertenecido a la organización, siempre hemos cumplido los lineamientos y estatutos de las Farc porque el llamado proceso de paz nunca brindó garantías, nosotros nunca entregamos las armas».
Agregó así que «cuando el proceso de paz se empezó a dar, supimos que no había garantías, nos hicimos a un lado y seguimos dentro del monte (…) y ahora nos ubicamos en varios departamentos del país”.
Aunado a esto, la Fiscalía General de la Nación informó a través de un comunicado que en «10 meses se realizaron 11 diligencias de registro y allanamiento, interceptaciones telefónicas que arrojaron -además de las interceptaciones antes mencionadas- datos y mensajes; vigilancias y seguimientos de personas, cotejos morfológicos y decadactilares, búsquedas selectivas en bases de datos, y solicitudes de información en entidades públicas o privadas».
«Con los elementos obtenidos fueron identificados los cinco presuntos integrantes de estas redes ilegales al servicio de las estructuras residuales, cuatro de ellos capturados en procedimientos cumplidos el pasado 18 de septiembre, y una más, conocida con el alias de ‘Sosita’, buscada mediante notificación azul de Interpol y, quien según información de autoridades estaría en Alemania», dice el ente acusador.
La Fiscalía explicó también que alias ‘Martín’ era el encargado de la financiación y reclutamiento de personas, que a su vez formaron ‘colectivos’ o ‘uniones solidarias’, supuestamente para infiltrar manifestaciones pacíficas y generar caos en Bogotá.
En otra de las interceptaciones que obtuvo la Fiscalía, se escucha a un alias ‘Justo’ diciéndole a alias ‘Martín’ que han logrado expandirse en la ciudad de Bogotá.
En parte de la investigación, la Fiscalía indica que Erika Lorena Flórez, Miguel Andrés Parga (empleado del Departamento de Prosperidad Social), Greisy Alejandra Perilla y Justo Villaraga Trujillo, supuestamente, se encargaban de reclutar a otros jóvenes para participar de los actos de violencia armada ocurridos entre octubre y noviembre en Bogotá.
Estas personas harían parte de células terroristas urbanas, identificadas como ‘Escuelas de Resistencia Civil’, integradas por las disidencias de las Farc.
También se conoció durante la audiencia que Greisy Alejandra Perilla ha colaborado con la Fiscalía en medio de la investigación.
Comunicado íntegro de la Fiscalía
