Para el jefe del ente acusador su labor es investigar lo que ocurra y no formar parte de la creación de las reglas

 

“La Fiscalía no irá a la fiesta”. El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, le informó en las últimas horas al Tribunal de Cundinamarca que no participará, él ni la entidad que representa, en el marco de la elaboración de los protocolos para controlar las protestas y manifestaciones.

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Para el jefe del ente acusador su labor es investigar lo que ocurra y no formar parte de la creación de las reglas.

Esta posición fue fijada por parte del fiscal general y la vicefiscal general Martha Mancera a través de una carta de dos paginas y en respuesta a la magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Nelly Yolanda Villamizar de Peñaranda.

En el documento, la Fiscalía responde que aunque acudirá este martes a la instalación de la mesa de trabajo junto con las demás autoridades convocadas para este fin, ello no implica que participe en la elaboración de los protocolos con los que se busca garantizar la protesta pacífica.

“La Fiscalía General aunque concurrirá a la mesa de trabajar ordenada siempre que su presencia resulte necesaria, no suscribirá el informe conjunto que las autoridades convocadas remitirán a su despacho, ni participará en la elaboración de los señalados protocolos”, destaca uno de los apartes de la carta del fiscal general.

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El jefe del ente acusador dejó en claro que la estructuración de dichos protocolos sobre la protesta social son insumos de una política pública que se escapa de las competencias de la Fiscalía y que incluso va en contravía de la misión de investigar las actuaciones delictivas que se pueden presentar en medio de las manifestaciones.

“La misión constitucional de la Fiscalía, que integra la rama judicial del poder público y cuyo deber es investigar los hechos delictivos una vez estos ocurren, no comprende la competencia para tomar parte en la formulación de protocolos dirigidos a solucionar el antagonismo violento entre las fuerzas militares y la población civil”, señaló Barbosa.

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Asimismo, aseguró que “tales protocolos son insumos de política pública que escapan al resorte de nuestra institución porque, de hecho, son susceptibles de valoración dentro de las respectivas investigaciones penales, promovidas por delitos que se cometen, justamente, en el marco de la protesta social”.

No obstante, la Fiscalía señaló que está dispuesta a brindar toda la información y colaboración del caso, a la mesa de trabajode la que hacen parte las diferentes entidades y autoridades que discuten para la creación de unos protocolos sobre la protesta social.

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“La Fiscalía ha cumplido con su obligación constitucional de adelantar la acción penal y efectuar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito ocurridos en el marco de la protesta social”, indicó Barbosa.

Finalmente, Barbosa le respondió a la magistrada Villamizar que la Fiscalía rendirá los informes que requiera acerca de los investigaciones penales que se siguen, con respecto a los diferentes delitos cometidos en medio de los desórdenes registrados en las protestas.

“En este contexto, la Fiscalía ha adelantado actuaciones dirigidas a esclarecer  tanto los sucesos de vandalismo y presunta infiltración de la protesta por grupos armados organizados, como los posibles excesos en contra de la población civil por parte de la fuerza pública”, agrega otro aparte de la carta de la Fiscalía.

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