Los delitos del acusado no tienen relación con el conflicto armado interno, por lo cual se rechazó su sometimiento

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP no admitió a Andrés Sepúlveda, condenado a 10 años de prisión por espionaje, concierto para delinquir y otros tres delitos informáticos.

Por lo cual la Jurisdicción Especial para la Paz consideró que el acusado no tiene espacio en la justicia transicional de acuerdo con la decisión de primera instancia, teniendo en cuenta que sus delitos no se relacionan directamente con el conflicto armado.

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Cabe mencionar que Andrés Sepúlveda, se respaldó afirmando que los delitos que cometió durante las elecciones presidenciales de 2014, eran una trama de espionaje contra los negociadores de paz en La Habana, por lo cual debería ser admitido por la JEP.

Sin embargo, los magistrados afirman que “el requerimiento no cumple con los factores de competencia para acogerse a la JEP. Es decir, el conflicto armado colombiano no fue el origen ni influyó en la determinación, capacidad, modo u objetivos que llevaron a Andrés Sepúlveda a la comisión de los delitos por los cuales fue condenado por el Juzgado 22 Penal de Conocimiento de Bogotá”.

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¿Por qué rechazaron a Andrés Sepúlveda?

De acuerdo con lo informado por la JEP, durante el interrogatorio en el proceso ordinario, Sepúlveda mencionó que su actuar delictivo estuvo motivado por un enriquecimiento ilícito y personal para intervenir en el proceso electoral. Según admitió, buscaba lesionar la imagen del entonces candidato a la reelección presidencial Juan Manuel Santos.

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A su vez, su abogado indica que “concertó con un grupo de personas la obtención de un beneficio económico puntual y con una misión específica, adquirir información privilegiada de carácter estatal, a través de métodos y medios electrónicos fraudulentos y sin ser autorizado legalmente para ello”.

Pero Andrés Sepúlveda no financió, patrocinó, promovió, auspició la conformación, funcionamiento y operación de grupos armados organizados al margen de la ley, lo cual lleva a que la JEP lo rechace.

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