Se estima que la presencia de diferentes actores armados en la zona dejó más de 2 mil personas desaparecidas forzosamente
La Jurisdicción Especial de Paz (JEP) confirmó en las últimas horas que cinco cadáveres que se hallaron en la zona de influencia del proyecto Hidroituango y que permanecen en el laboratorio de osteología de la Universidad de Antioquia presentan signos de violencia y podrían ser víctimas de desaparición forzosa.
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Más cadáveres
Según el informe los cinco cuerpos presentan lesiones con armas de fuego en el cráneo compatibles con ejecuciones en estado de indefensión. Asimismo se investiga si hubo irregularidades en el traslado de estas personas desde el cementerio de Orobajo, ubicado en el municipio de Sabanalarga.
Con este hallazgo, ascienden a ocho los cadáveres identificados este año como posibles víctimas de desaparición forzada en la zona de influencia de la mega obra.
📃2.094 personas fueron víctimas de desaparición forzada en el área de influencia de Hidroituango.
✅La JEP reportó nuevos hallazgos en el marco del trámite de las medidas cautelares en el área de influencia de la represa.#COMUNICADO: https://t.co/JUoV1vo37W pic.twitter.com/KEKDQsmKYD— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) December 9, 2020
En los últimos años, la Fiscalía ha exhumado 176 cadáveres más en Briceño, Cáceres, Ituango, Tarazá, Peque, Nechí, Toledo y Valdivia. El 50% de los hallazgos se hicieron en Cáceres y Tarazá.
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La inspección forense se hizo a propósito de las medidas cautelares en el área de influencia de la represa, donde se pudo establecer que hubo presencia de grupos paramilitares como el Bloque Metro y el Bloque Mineros, además de varios frentes de las extintas Farc.
La sección de ausencia y reconocimiento de la JEP estableció a su vez el recrudecimiento de la violencia en estos ocho municipios a partir del segundo semestre de 1996.
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Se estima que la presencia de diferentes actores armados en la zona dejó más de 2 mil personas desaparecidas forzosamente. Más de 300 de estos crímenes habrían ocurrido entre 2001 y 2002, periodo en el que se identificó un aumento en las denuncias.
Habitantes de la zona y familiares de las víctimas, señalaron también acciones ilegales por parte de agentes del Estado que son investigadas.
