Su permanencia en el cargo como coordinador del Grupo de Víctimas había sido cuestionada duramente por algunos sectores políticos que lo consideraron como una burla a quienes han padecido el conflicto en el país

 

Jorge Rodrigo Tovar Vélez, hijo del exjefe paramilitar alias ‘Jorge 40’, presentó en las últimas horas su renuncia a la Dirección de Víctimas del Ministerio del Interior.

Tovar habló con la ministra Alicia Arango y adujo razones personales para dejar su cargo como la persona que articulaba toda la política de atención a los afectados por la violencia en esa entidad.

Deportación de Jorge 40 se daría a finales de septiembre

Sin embargo, fuentes oficiales confirmaron que Tovar seguirá trabajando en el Ministerio del Interior ejerciendo otras funciones. Tovar Vélez está contratado en esa cartera como asesor y según se indica, se le asignarán trabajos transversales con otras entidades.

Su permanencia en el cargo como coordinador del Grupo de Víctimas había sido cuestionada duramente por algunos sectores políticos que lo consideraron como una burla a quienes han padecido el conflicto en el país, teniendo en cuenta todos los crímenes cometidos por su padre.

Controversia nacional: Hijo de Jorge 40 es el nuevo coordinador de víctimas

Precisamente, la renuncia de Tovar Vélez se da días después de que se conociera que el exjefe de las autodefensas, Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, será deportado a Colombia a finales de septiembre.

En contra de Tovar Pupo hay 35 órdenes de captura y 38 medidas de aseguramiento y por eso las víctimas están a la espera de que esclarezca los hechos y responda por sus delitos en el país.

Colombia pidió deportación de Jorge 40, quien cumplió su pena en EEUU

El alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, había confirmado que el Gobierno Nacional está adelantando todas las gestiones ante la justicia de los Estados Unidos, para que el traslado de ‘Jorge 40’ se dé lo más pronto posible.

Precisamente, en el Congreso de la República fue radicado un proyecto de ley que le permitiría a los exparamilitares acudir a la JEP (Justicia Especial de Paz) en calidad de comparecientes para que cuenten toda la verdad e incluso puedan recibir beneficios de la jurisdicción transicional.