Según la ONU, los asesinatos a líderes sociales aumentaron de 41 en 2015 a 108 en 2019. Ahora, en 2020 se han confirmado 53 casos y se están verificando al menos 70 más

 

Human Rights Watch (HRW) denunció que el Gobierno Nacional ha reaccionado de forma “lenta y deficiente” ante los más de 400 homicidios a defensores de derechos humanos y líderes sociales desde que se firmó la Paz en noviembre de 2016.

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En un nuevo informe publicado a través de su página web, esta importante ONG indicó que desde 2017 aumentaron de manera significativa los asesinatos a desmovilizados de las Farc gracias al hueco que esta banda delincuencial le dejó a otras como el Clan del Golfo, las Disidencias y el Eln.

Mientras tanto, dice HRW en su informe ‘Líderes desprotegidos y comunidades indefensas: asesinatos de defensores de derechos humanos en zonas remotas de Colombia’, publicado este miércoles, el Gobierno Nacional no ha sido capaz de ejercer un control efectivo de las zonas donde las Farc ya no están por lo que la violencia se apoderó de estos lugares.

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“El Gobierno ha desplegado militares en muchas zonas del país pero no ha logrado fortalecer el sistema de justicia, mejorar la protección de la población ni asegurar un acceso adecuado a oportunidades económicas y educativas y a servicios públicos”, denunció la ONG.

De esta manera, según números dados por la ONU, los asesinatos a líderes sociales aumentaron de 41 en 2015 a 108 en 2019. Ahora, en 2020 se han confirmado 53 casos y se están verificando al menos 70 más.

Las cifras de la Defensoría del Pueblo son más escabrosas. Entre 2016 y 2020 los líderes sociales registrados como asesinados en Colombia llega supera los 710 homicidios.

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Aunado a esto, HRW integra en su informe entrevistas con integrantes de organizaciones sociales, miembros de la Fuerza Pública, activistas y la fuerza judicial, lo que hizo constatar la falta de eficacia y la lentitud del Gobierno Nacional para defender a los líderes sociales o al menos esclarecer cómo murieron.

“Colombia tiene un gran número de políticas, mecanismos y leyes para prevenir abusos contra defensores de derechos humanos y otras personas en riesgo. Sin embargo, su implementación a menudo ha sido pobre”, denunció HRW.

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Esta ONG denuncia además que la Unidad Nacional de Protección tiene un presupuesto deficiente y limitado, por lo que ha rechazado la gran “mayoría de las solicitudes de protección colectiva que ha recibido”.

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