En lugar de dar protección a las víctimas de todo tipo de crímenes, “el sistema de justicia ha sido usado para amedrentarlos”

La Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, a cargo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, informó al mundo lo que los venezolanos sabes desde hace 20 años. El sistema judicial de este país está comprometido en graves violaciones de DDHH.

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En la presentación del nuevo informe de este ente internacional, la presidenta de la Misión y diplomática portuguesa, Marta Valiñas, aseguró que ya han documentado 148 casos en los que existen ataques avalados y/o perpetrados por el sistema judicial venezolano contra políticos opositores, activistas, organizaciones de la sociedad civil, todos considerados “amenazas” por el régimen genocida chavista.

Ante esto, la Misión de la ONU determinó que en lugar de dar protección a las víctimas de todo tipo de crímenes, “el sistema de justicia ha sido usado para amedrentarlos”, ya que ha violado el debido proceso sistemáticamente “por motivaciones políticas o de terceros”.

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En este extenso informe se hace referencia a los casos de Fernando Albán, Rafael Acosta Arévalo y Juan Pablo Pernalete, que tan solo son unos casos de miles en los que la justicia venezolana se ha visto comprometida aceptando acusaciones que no corresponden a los hechos.

“La información oficial sobre investigaciones y procesos penales, en particular a partir de 2017, es escasa. Todo indica, sin embargo, que el número de procesos penales domésticos por delitos relacionados con violaciones a los derechos humanos es extremadamente bajo y se limita a los agentes de menor rango. Esto se aplica a los casos Albán, Acosta Arévalo y Pernalete”, dice el documento.

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Sobre los 90 casos documentados en el anterior informe de la Misión, solo tres han sufrido algún avance, aunque 90 presos políticos permanecen en centros de detención preventiva, lo cuales no son los adecuados para mantener presos, uno de estos es la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

El abogado Francisco Cox Vial, integrante de la Misión, señaló que los presos políticos siguen siendo víctimas de violaciones a los derechos humanos.

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“A pesar de no contar con una legislación específica para los crímenes de lesa humanidad, el Estado venezolano posee, en su mayor parte, un marco legislativo capaz de asegurar la responsabilidad individual por las violaciones y crímenes que la Misión determinó en su informe de septiembre de 2020 así como en el presente informe”, dice el texto.

Y agrega que “a pesar de ello, el Estado no está tomando medidas tangibles, concretas y progresivas a través de investigaciones y procedimientos internos para remediar las violaciones, combatir la impunidad y otorgar reparaciones a las víctimas”, destaca una de las conclusiones del informe.

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