Este producto habría acabado con la vida de al menos 30 bebés en Estados Unidos
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) abrió investigación administrativa contra Mattel Colombia por el presunto incumplimiento a las normas de protección al consumidor por unas mecedoras de bebés defectuosas que habrían causado la muerte de al menos 30 bebés desde 2019.
Mortales mecedoras de Fisher-Price
La empresa habría incumplido «el deber de garantizar la seguridad de los productos e informar los riesgos asociados a los mismos, así como por establecer condiciones adicionales (…) para hacer efectivos los derechos de los consumidores».
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La SIC, en su comunicado, cita una alerta publicada por la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos (CPSC – por sus siglas en inglés), titulada «Fisher-Price retira del mercado mecedoras Rock ‘n Play Sleeper’ debido a reportes de muertes”.
Mattel, sabiendo esto, habría importado a Colombia este producto específicamente las mecedoras marca Fisher-Price, referencia Rock’n Play Sleeper para Colombia. No obstante, más adelante «informó sobre el inicio de la campaña de seguridad en el país y remitió siete comunicaciones enviadas a los consumidores para informar sobre el retiro de estas sillas para bebé», dice la SIC.
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Mattel Colombia se equivocó
«Al revisar la información suministrada por Mattel Colombia S.A. a los consumidores, se evidenció que, además de haber indicado que las medidas adoptadas respecto del producto obedecían a una pérdida de funcionalidad, al parecer, dio a entender que las mismas hacían parte de una extensión de la garantía, cuyo ofrecimiento caducaba transcurrido aproximadamente un mes, al tiempo que exigió para hacer efectiva la ‘extensión de garantía’ (campaña de seguridad), el recibo de compra del producto», indicó la SuperIndustria en su carta pública.
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Ante esto indicó que «Mattel Colombia S.A. podría constituir un desconocimiento de su obligación de garantizar la seguridad de los productos, pues, al parecer, no informa sobre el riesgo de muerte asociado a estos, dando a entender que se trata de una extensión de garantía y no de una campaña de seguridad, además de establecer una fecha límite para que los consumidores hagan parte de la campaña de seguridad y de exigirles documentos no autorizados por el Estatuto del Consumidor».
