Soacha, Fusa, Chía, Zipaquirá, Mosquera, Cajicá, Chocontá, El Colegio, Villeta, Funza, Madrid, Ricaurte, Silvania, Tocaima, Villeta, Yacopí y Subachoque, son algunos de los municipios que pasaron a investigación por presuntas irregularidades en el destino de dineros para construcción de colegios y aulas, entre otras unidades.

Los procesos de responsabilidad fiscal ascienden a $559.853 millones según dio a conocer oficialmente la Contraloría General de la República, al evaluar el destino de las partidas asignadas por el Gobierno nacional para centros de formación públicos.

Dentro de los aparentes implicados se encuentran dos ex ministros, miembros de la Junta Administradora del FIFE, 40 contratistas, interventores de obras y dos sociedades fiduciarias.

“Con los $559.853 millones de pesos de este detrimento patrimonial podría financiarse la construcción de 123 colegios “Tipo 10” de 24 aulas de clase cada uno, con su biblioteca, laboratorio de física y química, laboratorios de multimedia y bilingüismo, escenarios para presentaciones artísticas y zonas deportivas, que equivalen a un total de 2.952 aulas de clase nuevas, para atender 118.080 estudiantes”, resalta la Contraloría General.

Insiste la misma comunicación que la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la CGR ubicó 6 fuentes de afectación fiscal: proyectos abandonados, mayores valores pagados por metro cuadrado, pagos en exceso del precio global fijo por obras complementarias, ambientes escolares no construidos, costos desproporcionados de interventoría y gastos administrativos sin pertinencia ni eficiencia asociados a la unidad de gestión del FFIE.

Las indagaciones preliminares que permitieron alcanzar el último escenario duraron seis meses, tras lo cual la autoridad ordenó la apertura de los procesos en referencia.

El extenso informe que, sin embargo, no entrega mayores detalles de las posibles irregularidades por municipios o departamentos, dice que de 102 instituciones contratadas apenas han sido entregadas 15.

Conforme a los mismos datos con dineros de los contribuyentes pasaron a financiación oficial 541 proyectos, los cuales no tienen plena justificación en criterio de la Contraloría General.

Llama la atención de los investigadores el hecho de que de las 311 instituciones educativas observadas, 71 se encuentran completamente abandonadas, lo cual representaría un detrimento por el orden de los $79 mil millones de pesos.

Igualmente hallaron que algunos terrenos adquiridos para colegios fueron pagados muy por encima del precio comercial, al igual que el pago por los servicios de los interventores.

Fuente: Periodismo público

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