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La medida será provisional pero se incluirán las cuentas bancarias y propiedades de la unión temporal

 

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca anunció que se realizará un embargo a las cuentas bancarias de la Unión Temporal Centros Poblados por el polémico contrato con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicación.

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Aunque no solo se declaró un embargo sino que se debe levantar el velo corporativo, es decir, separar patrimonios de los accionistas de la UT que son: fundación de telecomunicaciones, ingeniería, seguridad e innovación, ICM Ingenieros SAS, Intec de la Costa y Omega Buildings Constructora SAS.

La decisión se tomó luego de la petición de la Procuraduría General de la Nación a través de la Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa, para que se devuelvan los 70 mil millones de pesos de anticipo mediante el embargo.

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De acuerdo con lo informado, esto se realizó para “poder recurrir a los bienes que integran sus patrimonios, con el fin de evitar un posible daño al patrimonio del Estado o de terceros”.

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