“Al analizar detenidamente las 2.128 piezas de los contratos nos encontramos con que 58 % eran informaciones de autopromoción o autobombo de los funcionarios y las administraciones”

Propaganda MOE FLIP
La MOE y la FLIP publicaron un informe lapidario sobre los gastos en propaganda política en medio de la pandemia por parte de alcaldes de las ciudades metrópoli del país.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y la Misión de Observación Electoral (MOE) indicaron en su último informe que para efectos de propaganda, en 10 ciudades del país, los alcaldes gastaron al menos $50 mil millones.

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En el comunicado de prensa, ambas organizaciones advierten sobre “la necesidad de mayor transparencia en los procesos de contratación de los gastos de comunicaciones durante esta emergencia por el Covid-19”, y solicitan “restringir, de una vez por todas, la autopromoción de los mandatarios”.

Esta alerta hacer parte de los resultados de una investigación realizada sobre los mayores contratos ejecutados en el curso en 2018, bajo el concepto de propaganda oficial por las alcaldías de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Mocoa, Buenaventura, Montería, Santa Marta y Neiva.

Transparencia en medio de la pandemia

El pasado 8 de abril, la Contraloría y la Procuraduría comenzaron con un seguimiento especial para que los recursos públicos no sean utilizados en propaganda innecesaria asociada a la emergencia de la pandemia del coronavirus Covid-19.

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Se analizaron los contratos sobre propaganda oficial que las 10 alcaldías antes mencionadas remitieron y sobre esa información se seleccionaron tres contratos por ciudad: los dos de mayor cuantía destinados para propaganda oficial y el contrato de mayor cuantía de material POP. La MOE y la FLIP le solicitaron a cada Alcaldía los soportes de esos tres contratos, es decir, la evidencia ya sea física o digital de lo que se ordena en ellos.

Más de $91 mil millones en propaganda

Así pues, la investigación abordó 30 contratos que sumaron $91.611.829.777. En varios casos se trataba de contratos de altos montos que fueron ejecutados por medio de la creación de otros contratos.

Según Jonathan Bock Ruíz, subdirector de la FLIP, al analizar detenidamente las 2.128 piezas de los contratos nos encontramos con que 58 % eran informaciones de autopromoción o autobombo de los funcionarios y las administraciones. Estas piezas carecían de elementos informativos o de política pública relevantes para la ciudadanía”.

La investigación indica que sólo el 35 % de las piezas analizadas era de carácter informativo y un 7 % no se pudo identificar. Las piezas analizadas consistían en 522 piezas contratadas en prensa, 263 en radio, 432 audiovisuales, 181 piezas para redes sociales y 730 de materiales POP.

La directora nacional de la MOE, Alejandra Barrios Cabrera, explicó que la propaganda “que se contrata con dineros públicos fue en general usada para exaltar la imagen del Alcalde o de la entidad”.

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“Su contenido podía estar ofertando un derecho o un bien, sin embargo, no informaba con precisión a la ciudadanía sobre cómo acceder al beneficio y se focalizaba en exaltar los logros de la Administración y el funcionario”.

El informe destaca para qué se deben usar los dineros públicos cuando se trate de propaganda:

  • Impulsar políticas públicas.
  • Fomentar valores para la ciudadanía.
  • Informar al ciudadano sobre sus derechos y obligacionesofrecer servicios a la ciudadanía, canales de información e instrucciones de procedimientos.

Las organizaciones recomendaron a todas las autoridades nacionales, departamentales y municipales aplicar seis claves para la aprobación de cualquier pieza comunicativa:

  1. El eslogan de la administración no debe ser el contenido principal de la pieza.
  2. No debe tener menciones de ningún funcionario de la entidad.
  3. No realice menciones al partido político de gobierno, senadores, concejales, diputados, ediles.
  4. No ataque a opositores u otras administraciones.
  5. No se centre en promocionar la gestión de gobierno.
  6. Asegúrese de que contenga información de utilidad para la ciudadanía.

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