“El objetivo de esta reunión no era propagar el Covid, sino simplemente entre ellos mismos a sitio cerrado, en un hotel consumir alcohol y sentirse libres en medio de la opresión tan violenta que significa una pandemia”

Rumba en Usaquén
Todos los implicados recibieron un comparendo por violar la cuarentena nacional y el local fue sellado por 10 días.

La noche de este martes el Juzgado 72 con funciones de control de garantías legalizó la aprehensión de las 41 personas que, violando la cuarentena, hicieron parte de una fiesta en un hotel ubicado en la localidad de Usaquén, entre la noche del domingo y la madrugada del lunes pasado.

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La audiencia se llevó a cabo en los juzgados de Paloquemao y fue transmitida a través de una plataforma virtual para los diferentes medios de comunicación.

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A todos los detenidos se les leyeron sus derechos, se les indicaron los motivos de su captura y los delitos de los que se les acusa.

“Ellos querían sentirse libres”

Algunas de las personas cuentan con abogado de confianza, mientras que otras alegaron que no tenían los medios para contratar un defensor, uno de los acusados manifestó estar incapacitado y otro de los capturados ya tenía una medida de aseguramiento por otro delito.

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El abogado Rubén Berrocal, quien representaba a varios de los capturados, apuntó que “el objetivo de esta reunión no era propagar el Covid, sino simplemente entre ellos mismos a sitio cerrado, en un hotel consumir alcohol y sentirse libres en medio de la opresión tan violenta que significa una pandemia”.

Hasta 4 años de cárcel podrían pagar

Luego de escuchar los argumentos de las partes, la juez 72 de control de garantías determinó legalizar la captura de las 41 personas por violar el decreto de aislamiento preventivo obligatorio e incumplir las medidas sanitarias impuestas por el Gobierno nacional en medio de la emergencia sanitaria, que entre otras cosas prohíben las aglomeraciones de más de 50 personas.

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En los próximos días se realizarán las audiencias de imputación de cargos y se impondrán las condenas a las que haya lugar según determine la justicia. Las sanciones pueden ir desde multas económicas hasta cuatro años de cárcel dependiendo cada caso.

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