«Coincidimos en la legitimidad de la protesta social, en Colombia se han realizado 2.682 concentraciones»
El embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Alejandro Ordóñez, apuntó que aunque en el país existe la legitimidad de las protestas sociales, hay agendas de insurrección que tendrían que ver con el crimen internacional.
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«Coincidimos en la legitimidad de la protesta social, en Colombia se han realizado 2.682 concentraciones. Las pacíficas, con la facilitación y seguridad por parte del Estado, pero una cosa es la manifestación pacífica y otra el vandalismo, ejecutando agendas insurreccionales financiadas, planeadas y articuladas por la subversión y el crimen internacional», explicó.
Asimismo dijo que la violencia que hoy vive Colombia ha sido promovida y desatada por criminales en el marco del odio contra la autoridad.
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«Es decir, protesta pacífica durante el día, pero vandalismo, saqueos, destrucción y zozobra en la noche. No nos equivoquemos, hay una furia contra la autoridad, contra nuestras libertades, contra la propiedad», aseveró el Embajador de Colombia ante la OEA.
Más adelante rechazó las acusaciones que ha recibido el Gobierno de Colombia de estar en contra de los derechos humanos.
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“Hay retóricas que no aportan en la búsqueda de soluciones, sin verificar la información, sin consultar al Estado y sin filtro alguno. A veces con muchas redes sociales y poca responsabilidad, se están haciendo señalamientos tan graves como insultantes al Estado. Frágil servicio le prestan al sistema político que dicen defender», sentenció el Embajador.
Añadió así que “de estas protestas hacen parte organizaciones terroristas y ligadas al narcotráfico como el Eln y las disidencias de las Farc. Lo mismo ocurre con agitadores profesionales, antiguos criminales que hoy obran como patriarcas de la anarquía y hoy obran como patriarcas de la anarquía y buscan réditos políticos en cada jornada del caos».
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“Hay que llorar por los dos ojos, señores embajadores, los policías tienen derechos, los ciudadanos desabastecidos tienen derechos, así como quienes padecen la falta de oxígeno», continuó diciéndole al Consejo Permanente.
El Embajador insistió en que «este vandalismo criminal, señores embajadores, es el que ha obligado a la intervención legítima de nuestra Policía, el Estado tiene obligaciones y no debe, no puede y no quiere permitir la violencia. No vamos a permitir que el Estado sea desbordado y paralizado por estos encapuchados que son pagados por estructuras criminales».
