«La capacidad es limitada por parte de los órganos especiales creados en virtud del Acuerdo de Paz para manejar estos casos»
El director para Las Américas de Human Rights Watsh (HRW), José Miguel Vivanco, solicitó formalmente ante la Corte Constitucional de Colombia aceptar a la ONG como ‘Amicus Curiae’ o ‘amigo del tribunal’ frente al caso de los abusos contra los defensores de derechos humanos y líderes sociales.
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A través de esta petición, el también diplomático chileno busca que la alta Corte tenga en cuenta datos, hechos y argumentos que puedan ser presentados por HRW referente a los asesinatos de estas víctimas en los últimos cinco años.
La solicitud anexa un informe donde se evidencian múltiples deficiencias del Gobierno Nacional para prevenir asesinatos, proteger líderes sociales y responsabilizar a los victimarios. Así mismo advierte que la implementación de planes para proteger a comunidades enteras y riesgo es excesivamente lenta.
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«Hay muy pocos fiscales, jueces e investigadores en las áreas más afectadas por estos asesinatos. Hasta la fecha no se ha establecido un equipo especial de jueces, anunciado por el presidente (Iván) Duque en mayo de 2019 para juzgar casos relacionados con asesinatos de defensores de derechos humanos», dice el informe de HRW.
Y agrega que «la capacidad es limitada por parte de los órganos especiales creados en virtud del Acuerdo de Paz para manejar estos casos, incluida la Unidad de Investigación Especial y el Equipo Élite de la Policía».
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Y sigue sobre las estrategias implementadas, aseverando que hay serios problemas «en los últimos años, donde las autoridades colombianas han creado una serie de mecanismos, algunos de los cuales se establecieron en virtud del acuerdo de paz de 2016».
Entre los problemas enumerados por Vivando están «la gran cantidad de mecanismos de protección, que difunden recursos y despilfarran esfuerzos. Implementación lenta de planes gubernamentales para proteger comunidades enteras en riesgo y organizaciones no gubernamentales que protegen derechos a través de programas de protección colectiva».
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Y sigue: «Incapacidad del Gobierno del presidente Iván Duque de convocar periódicamente a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (…) Su trabajo hasta la fecha no ha sido sustancial y no ha tenido resultados concretos».
