Luego de que fuera asignada como nueva ministra de Tecnologías de la información, se dieron a conocer algunos de los problemas judiciales con los que cuenta Mery Gutiérrez
Mery Janneth Gutiérrez Cabezas, quien hace algunos días fue designada como ministra de tecnologías de la información, se encuentra atravesando un problema legal que pocas personas conocían.
En primer lugar, se dio a conocer que Gutiérrez es la mayor accionista de Programar Televisión, una empresa productora de televisión, fundada en 1984 por un grupo de empresarios de todas las regiones del país, la cual demandó hace algún tiempo a la nación por una cifra de 45 mil millones de pesos.
A su vez, se dieron a conocer ciertos contratos que la funcionaria firmó con algunas organizaciones del estado, todas en distintos sectores del país. Incluso algunos de estos contratos, fueron firmados a través de la entidad sin ánimo de lucro: Corporación Gestión y Desarrollo.
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Precisamente, por uno de estos contratos es que la ministra se encuentra atravesando un problema legal, el cual viene desarrollándose en el año 2013, cuando Gustavo Petro era alcalde de Bogotá.
En dicho año, se suscribió el convenio Interadministrativo No. 407 entre Metrovivenda y la Asociación Popular Simón Bolívar, por medio de esta se esperaba desarrollar el proyecto de vivienda IDIPRON- en Usme por $9.649’785.600.
En medio del proyecto, se dio a conocer la imposibilidad de desarrollar el proyecto de vivienda por parte de la Asociación Simón Bolívar, por lo cual Metrovivienda (Actualmente llamada Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, ERU), cedió el contrato a la Corporación Gestión y Desarrollo, que en ese entonces tenía como representante legal a Mery Janneth Gutiérrez Cabezas.
Hasta el momento todo estaba marchando bien, incluso se estaban realizando las obras de mitigación por cerca de 6.000 millones de pesos. La encargada de todo esto era la Corporación Gestión y Desarrollo, quien realizó el modelo de negocio, hizo la propuesta de cómo se desarrollarían las viviendas y tramitó la licencia de construcción.
El problema llegó cuando la misma entidad que había desarrollado lo mencionado anteriormente, manifestó que el proyecto no tenía cierre financiero, y desde entonces, es decir, aproximadamente 9 años, el proceso no se ha iniciado.
Ante esta situación, la ERU ha intentado plantear acuerdos con la Corporación, pero esto no ha sido posible. Debido a esto, se convocó a un tribunal de arbitramento en la Cámara de Comercio de Bogotá, con la radicación de las pretensiones del ERU, que ascienden a $3.384.909.806.
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Ahora bien, la Contraloría Distrital de Bogotá en enero de 2020, mostró un informe, en el cual aseguró que al hacer la visita al proyecto, este no ha avanzado en lo absoluto, incluso la licencia de construcción ya se venció. Incluso se indaga en que cómo es posible que la Corporación siendo la que diseñó el proyecto, después informe que no tiene cierre financiero.
Para finalizar este largo proceso, la Fiscalía General de la Nación, imputó cargos en diciembre de 2020 a Nicolás Corso Salamanca, quien en ese entonces lideraba la ERU y fue quien le cedió el contrato a la Corporación Gestión y Desarrollo.
El delito que se le imputó fue el de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales. Hay que mencionar que, aunque Mery Janeth Gutiérrez, ya no figura como representante legal de la Corporación Gestión y Desarrollo, sí sigue apareciendo en su junta directiva.
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