«Las conductas o circunstancias fueron resultado de omisiones en el deber de control de los subordinados»

 

El otrora Secretariado de Las Farc reconoció ante la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) que cometieron graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario durante el conflicto armado.

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Entre los delitos se encuentra el secuestro a civiles, maltratos, violencia sexual y la privación de policías y miembros de Ejército Nacional, los cuales fueron víctimas además de lesiones, humillaciones y muerte.

Las caras más visibles de la reincorporación -los excomandantes Rodrigo Londoño, Pastor Alape, Jaime Parra, Julián Gallo, Pablo Catatumbo, Milton de Jesús Toncel y Rodrigo Granda- radicaron ante la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP su reconocimiento de responsabilidad en los secuestros durante el conflicto armado.

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A través de un documento de 300 páginas, el Secretariado de las Farc reconoció la existencia de una política de secuestro con cuatro claros objetivos:

  • Financiar la organización.
  • «Intercambio humanitario»
  • Control territorial y de la población civil
  • Obtener ventaja militar

Así, Pastor Alape aseguró que ahora deberán sumir las responsabilidades de sus hechos. Más adelante Julián Gallo que aunque estaba expresamente prohibido maltratar a los secuestros, esto se dio. «Estas circunstancias se dieron en el contexto de las difíciles condiciones de la guerra. Tales conductas nunca debieron ocurrir», dice el documento.

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Asimismo en rueda de prensa Gallo indicó que se hicieron secuestros que «consistieron en ordenar las capturas y privación de la libertad de forma prolongada, de civiles y de miembros de las Fuerzas Militares que fueron capturados en operaciones militares ante la negativa del Estado Colombiano de acceder al intercambio humanitario de guerrilleros capturados por la Fuerza Pública y privados de la libertad”.

Entre tanto el documento apunta que «las conductas o circunstancias fueron resultado de omisiones en el deber de control de los subordinados con respecto de hechos de secuestros y de otras privaciones de la libertad ocurridas en el marco y con ocasión del conflicto armado interno».

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