La Gobernación quedaría en el interinato por el simple hecho que el Mandatario está siendo asociado con hechos de corrupción

 

La Fiscalía General de la Nación ordenó la detención inmediata del gobernador de Antioquia, Anibal Gaviria, por irregularidades en un contrato suscrito en 2005.

¿Corrupción en Antioquia?

«Según elementos recopilados, bajo Ley 600/00, Aníbal Gaviria Correa incurrió en delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, por modificaciones al contrato de mejoramiento y pavimentación de la troncal La Paz (tramo La Cruzada–Caucasia)», dicta el orden de control en su comunicado oficial.

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Y agrega: «El fiscal del caso encontró que en el contrato de mejoramiento y pavimentación de la Troncal de la Paz (tramo La Cruzada – Caucasia), suscrito en 2005 por valor de $41.663’432.778, se pactó inicialmente un anticipo del 25 % y luego se amplió al 29 %, lo que significó casi $1.500 millones de más para el contratista. Esta modificación desconoció requisitos legales esenciales, como los principios de planeación y transparencia».

Por este motivo un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia resolvió la situación jurídica del Gobernador de Antioquia y le impuso medida de aseguramiento privativa de libertad.

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Asimismo indica que «los elementos recopilatorios en el proceso, que se sigue en el marco de la Ley 600 de 2000 (anterior sistema penal), indican que Aníbal Gaviria Correa, cuando se desempeñó como gobernador de Antioquia entre 2004 y 2007, incurrió en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo, y hetterogéneo con peculado por apropiación en favor de terceros».

«La investigación evidenció que se hicieron dos adiciones al contrato inicial, que tampoco habrían atendido los principios esenciales de la contratación pública. Una, representó cerca de $4 millones para adecuación de un sector específico de la misma tronca; la otra, mediante un otro sí, se realizó cuatro días antes de finalziar el periodo del Gobernador y contempló la construcción de una vía de acceso al municipio del El Bagre», reseña la Fiscalía.

Y añade: «Este últomo asunto, que comprometió más de $16 mil millones, debía ser objeto de un nuevo proceso de selección y no podía hacer parte del contrato original».

«Para la Fiscalía el Gobernador era el representante legal del departamento, el ordenador del gasto y, aun cuando hubiese delegado la función de contratar, debía ejercer la vigilancia, coordinación y control de la delegación», cierra el comunicado de prensa.

«La decisión fue comunicado el día de hoy (viernes) al Presidente de la República para que se cumpla el mandato legal de suspensión del cargo. En ese sentido, el Jefe de Estado deberá surtir los trámites necesarios para garantizar el funcionamiento administrativo del departamento», se lee en el texto de la Fiscalía.

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