“La lectura del paramilitarismo parte de las particularidades en el territorio donde las presiones de las élites locales para conservar el orden social y el clientelismo facilitaron la agrupación de estructuras”

 

Paramilitares, dueños del territorio. La Corporación Jurídica Libertad, a través de su informe ‘Paramilitarismo e Impunidad: Violaciones a los Derechos Humanos en las zonas 1 y 2 del Suroeste antioqueño’, explicó que entre 1985 y 2007 esta zona del país vivió al menos 67 masacres.

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Ebherar Cano, investigador de esta ONG aseguró que estas masacres dejaron no menos de 335 muertos y delitos varios como el desplazamiento forzado, que a su vez dejó 153.000 víctimas.

Estos hechos fueron perpetrados por grupos “privados” como las Autodefensas Gaitanistas, las Convivir, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, el frente Cacique Pipintá, el frente Suroeste y el bloque Suroeste de las Autodefensas Unidas de Colombia.

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Añadió el investigador que en el informe también se expone la relación que existe entre los grupos paramilitares con el Estado y las élites locales.

“La lectura del paramilitarismo parte de las particularidades en el territorio donde las presiones de las élites locales para conservar el orden social y el clientelismo facilitaron la agrupación de estructuras de Autodefensa armadas que posteriormente, y con responsabilidades de políticos y empresarios de las esferas de la opinión pública regional y nacional, financiaron y fomentaron la incursión y consolidación de las distintas estructuras paramilitares en la subregión, dijo el investigador.

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Y señaló: “El relacionamiento entre el Estado, élites regionales, empresas, personajes de la esfera pública como la familia Uribe Vélez, Ernesto Garcés Soto y su familia, con los paramilitares y estructuras de Autodefensa, debe ser entendido como aporte de la maquinaria de muerte que ha sido silenciada en la subregión y que hasta nuestros días demuestra secuelas de dolor en el territorio”.

El documento de la Corporación Jurídica Libertad fue entregado al Sistema Integral de Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición de la Jurisdicción Especial para la Paz.

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