El concejal de Bogotá, Luis Carlos Leal, impugnó el fallo que negó la tutela que buscaba entregar elementos de bioseguridad al personal de salud

El Juzgado Primero de Familia de Bogotá negó en segunda instancia la acción que pretendía garantizar los elementos de protección a los trabajadores de la salud por parte de las ARL y el Ministerio de Salud, por lo cual, Leal apeló la decisión y pidió investigar al funcionario encargado por sus contradicciones.

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Esto, alegando que “existen errores tanto de hecho como en derecho en la sentencia emitida por el mismo juez, quien el pasado 15 de mayo en primera instancia falló a favor del personal de la salud, obligando al Ministerio de Salud y a las ARL a entregar dentro de las 48 horas siguientes todo el material de bioseguridad necesarios”.

Ahora, más de dos meses después, profiere un segundo fallo “en total contradicción utilizando los mismos argumentos jurídicos con los cuales había reconocido la violación de los derechos fundamentales de los trabajadores de la salud”.

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Según denunció el Concejal, el Juzgado manifestó que el personal de la salud no está en peligro, ni en condiciones de vulnerabilidad, desconociendo la realidad que se vive en varias regiones del país por el primer pico de la pandemia.

Por estos hechos, se solicitó que el Consejo Superior de la Judicatura verifique la conducta contradictoria del juez y se le inicie un proceso disciplinario por negligencia, pues Leal resaltó que el funcionario tomó más del doble del tiempo permitido legalmente para fallar la tutela.

Peticiones del Concejal para investigar la decisión
  • Declarar nulidad de la sentencia por vicios de forma y de fondo en la apreciación de las pruebas y en la decisión.
  • Investigar por qué el juzgado desconoce los derechos fundamentales que había garantizado en primera instancia, como lo son el derecho a un trabajo digno, a la salud y a la vida.
  • Compulsar copias del proceso a la Fiscalía y a los órganos de control para que conozcan el caso y decidan si el juez amerita una investigación, pues Leal considera que existió prevaricato y falsedad ideológica en documento público.

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