“El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones nada ha hecho al respecto en este estado de emergencia pública”

 

La Asociación Colombiana de Usuarios de Internet (ACUI) propuso usar el Fondo Único del Ministerio de las Tecnologías de la Información (TIC) para evitar riesgos de suspensión en los servicios móviles y de Internet en medio de la emergencia sanitaria.

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La iniciativa salió a la luz pública en el concepto que la ACUI envió a la Corte Constitucional, en medio del estudio que hace al Decreto 464 sobre el uso de las telecomunicaciones en medio de la pandemia.

Servicios móviles e Internet

El decreto establece que los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones y postales no podrán suspender las labores de instalación, mantenimiento o adecuación de las redes requeridas para la operación del servicio.

También dice que si la persona no paga el servicio en la fecha establecida, tendrá 30 días de gracia para hacerlo; de lo contrario, el servicio se suspenderá. Pero la persona tendrá la opción se continuar pagando bajo la figura de recargas y tendrá 200 mensajes de texto gratis.

Se busca la protección de los desprotegidos

La asociación señala que si bien el decreto entrega soluciones a quienes no pueden pagar a tiempo, no tiene en cuenta aquellas personas menos favorecidas que no podrían pagar por que no tienen sustento económico en medio de la pandemia.

“El uso de recursos del Fondo Único de las TIC, derivados del mismo sector, para asegurar que los usuarios puedan mantener sus servicios, especialmente aquellos que trabajan en economía informal o que tienen recursos económicos limitados”, dice el concepto.

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También lanza una fuerte critica al Ministerio de las Tecnologías de Información, por su papel en medio de la emergencia.

“El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones nada ha hecho al respecto en este estado de emergencia pública, manteniendo el uso de esos recursos a la realización de licitaciones y contratación privada que nuevamente sólo beneficia a ciertos grupos de usuarios, y no a toda la generalidad”, dice.

Muchas ojos encima del decreto

La Asociación pide a la Corte revisar la viabilidad y las medidas del decreto teniendo en cuenta que la industria de las telecomunicaciones es la que hoy tiene un papel fundamental en la sostenibilidad de la actividad económica del país.

“En tanto permiten que millones de personas, a través de las redes de telecomunicaciones, continúen ejerciendo sus labores educativas, productivas, recreativas, y permite además, que sigan funcionando gran parte de las empresas, entidades públicas y privadas en todo el territorio nacional”, se indica.

En la Corte Constitucional el estudio del decreto se encuentra en manos del magistrado Luis Guillermo Guerrero, quien ya ha recibido conceptos del procurador Fernando Carrillo y de la Presidencia de la República.

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