“Los N-95 (..) que hoy se consiguen por $25.000, hemos encontrado hasta $30.000 o $40.000, que se ofrecen por unidad”

 

 

La Procuraduría detectó grandes e injustificados sobrecostos en la venta de implementos de protección personal, sobre todo en tapabocas, en Pereira, departamento de Risaralda.

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La representante del Ministerio Público en la ciudad, Sandra Lorena Cárdenas, denunció en rueda de prensa la noche del miércoles que se evidenciaron aumentos de los precios de hasta 1.000 % tapabocas, geles antibacteriales y demás, de la Alcaldía de Pereira.

“Se realizó un seguimiento aleatorio a varios establecimientos que distribuyen al detal y al por mayor este tipo de insumos para establecer la realidad acerca de estos presuntos sobrecostos”, indicó la funcionaria.

Y agregó que “los tapabocas quirúrgicos, que son los más necesarios y recomendados para la prevención del Covid-19, tenemos que iniciando la pandemia costaban $300 cada uno, hoy vemos que en promedio se consigue en $1.600; por experiencia personal, se consiguen hasta en $3.000. De igual forma, las cajas de tapabocas pasaron de $8.000 a $46.000”.

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La representante del Ministerio Público en Pereira aseguró que hasta los tapabocas especiales para el personal de la salud tuvieron unos incrementos desmesurados, situación que pudo haber contribuido a la dificultad que tuvieron las empresas prestadoras de salud para dotar a su personal.

“Los N-95, recordemos, son para uso del personal de la salud que va a tener contacto con pacientes del Covid-19. En ese sentido, es muy delicado que antes costaban $3.500 por unidad y hoy se consigan por $25.000, hemos encontrado hasta $30.000 o $40.000, que se ofrecen por unidad”, aseveró la Personera.

En consecuencia, a estos sobrecostos de más del 1.000 % a los cuales les ha hecho seguimiento el Ministerio Público, se determinó que “fue una de las razones que conllevó a que las clínicas y hospitales de la ciudad inicialmente no pudieran proveer estos insumos a sus funcionarios”.

Incluso, “sobre todo los que manejan recursos públicos nos decían que si compraban a estos precios temían mucho tener algún tipo de consecuencia desde el control fiscal que realizamos los organismos al respecto”, explicó Cárdenas.

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