“Los N-95 (..) que hoy se consiguen por $25.000, hemos encontrado hasta $30.000 o $40.000, que se ofrecen por unidad”

 

 

La Procuraduría detectó grandes e injustificados sobrecostos en la venta de implementos de protección personal, sobre todo en tapabocas, en Pereira, departamento de Risaralda.

Por corrupción con dineros de la pandemia la Fiscalía investiga a gobernadores y alcaldes

La representante del Ministerio Público en la ciudad, Sandra Lorena Cárdenas, denunció en rueda de prensa la noche del miércoles que se evidenciaron aumentos de los precios de hasta 1.000 % tapabocas, geles antibacteriales y demás, de la Alcaldía de Pereira.

“Se realizó un seguimiento aleatorio a varios establecimientos que distribuyen al detal y al por mayor este tipo de insumos para establecer la realidad acerca de estos presuntos sobrecostos”, indicó la funcionaria.

Y agregó que “los tapabocas quirúrgicos, que son los más necesarios y recomendados para la prevención del Covid-19, tenemos que iniciando la pandemia costaban $300 cada uno, hoy vemos que en promedio se consigue en $1.600; por experiencia personal, se consiguen hasta en $3.000. De igual forma, las cajas de tapabocas pasaron de $8.000 a $46.000”.

Procuraduría llama a juicio disciplinario a 11 oficiales del Ejército 

La representante del Ministerio Público en Pereira aseguró que hasta los tapabocas especiales para el personal de la salud tuvieron unos incrementos desmesurados, situación que pudo haber contribuido a la dificultad que tuvieron las empresas prestadoras de salud para dotar a su personal.

“Los N-95, recordemos, son para uso del personal de la salud que va a tener contacto con pacientes del Covid-19. En ese sentido, es muy delicado que antes costaban $3.500 por unidad y hoy se consigan por $25.000, hemos encontrado hasta $30.000 o $40.000, que se ofrecen por unidad”, aseveró la Personera.

En consecuencia, a estos sobrecostos de más del 1.000 % a los cuales les ha hecho seguimiento el Ministerio Público, se determinó que “fue una de las razones que conllevó a que las clínicas y hospitales de la ciudad inicialmente no pudieran proveer estos insumos a sus funcionarios”.

Incluso, “sobre todo los que manejan recursos públicos nos decían que si compraban a estos precios temían mucho tener algún tipo de consecuencia desde el control fiscal que realizamos los organismos al respecto”, explicó Cárdenas.