“Si se llegó a presentar un exceso en la misma, deben ser investigados por los centros disciplinarios y penales»

 

El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, le respondió al procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, respecto a las investigaciones que este último exigió para determinar los castigos necesarios para los policías que usaron sus armas de fuego en contra de los manifestantes y vándalos que salieron a las calles tras el asesinato de Javier Ordóñez.

Trujillo le leyó la cartilla a Carrillo

Respecto al cuestionamiento sobre si desde su despacho hay protocolos para el implemento de la fuerza en disturbios, Holmes Trujillo explicó que él no emite protocolos en materia de uso de la fuerza porque la competencia en materia operativo es de la Policía Nacional y señala que la hoja de ruta en materia de derechos humanos para los miembros de la fuerza pública es la política integral de derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

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Señala el Ministro que el proceder está basado, entre otras cosas, en la Convención Americana Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros.

Respecto a la pregunta del Procurador sobre el medio dispuesto para atender situaciones de alteración al orden público, señala que existe una directiva mediante la cual se emiten instrucciones de coordinación en materia de formación y entrenamiento en derechos humanos al interior de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, también hay otra directiva relacionada con el respeto a los derechos humanos y el fortalecimiento de la fuerza pública en esta materia, entre otros.

Los disparos no cesaron

Uno de los puntos clave de la carta tiene que ver con respecto a las fuentes abiertas de información que dejaron de escuchar disparos durante la jornada de protestas, en donde ciudadanos fueron heridos o perdieron la vida por armas de fuego.

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El Procurador le había preguntado al Ministro si accionaron armas de fuego contra los ciudadanos. La respuesta es que el personal que integra la Policía Nacional debe acatar las normas y protocolos establecidos para el uso de la fuerza y de las armas.

“Si se llegó a presentar un exceso en la misma, deben ser investigados por los centros disciplinarios y penales, por tal motivo, la institución se encuentra presta a facilitar y aportar todos los antecedentes y documentos necesarios que las autoridades competentes requieran”, advierte la misiva.

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Señala la carta del Procurador, además, que el proceso de modernización de la Policía cuenta con varios ejes como educación, información, gestión humana, entre otros.