Y es que según lo se indaga por el ente de control a través de las quejas de los usuarios, la empresa habría cobrado incluso más de lo que antes cobraba en sus facturas

 

Cinco empresas prestadoras de servicios públicos, entre las que está Codensa, y tres de regulación están en la mira de la Procuraduría General de la Nación, por posibles irregularidades en los cobros a usuarios en medio de la Emergencia Sanitaria, faltando así a decretos y normas transitorias establecidas.

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Y es que según lo determinado por el ente de control a través de las quejas de los usuarios, estas habrían cobrado incluso más de lo que antes cobraban en sus facturas.

Codensa, Celsia, Electricaribe entre las implicadas.

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La Procuraduría trasladó las quejas contra estas empresas (Codensa, Celsia, Electricaribe…) a la Superintendencia Delegada de Servicios públicos Domiciliarios de Energía y Gas con el fin de verificar los presuntos altos costos al parecer injustificados, en los servicios de acueducto y energía.

El Ministerio Público también anunció la apertura de investigaciones contra tres empresas reguladores de servicios públicos.

Se trata de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, (SSPD); la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA); y la Comisión Reguladora de energía y Gas (Creg).

Lo que busca establecer la Procuraduría son posibles omisiones por parte de funcionarios de esas empresas para vigilar el cobro de los servicios públicos durante la pandemia del coronavirus.

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A pagar por los aumentos

“Se busca establecer los controles y las actuaciones de la Super y las comisiones frente a los aumentos que hicieron los prestadores en las tarifas de servicios públicos a nivel residencial, industrial y comercial, lo que podría repercutir en el menoscabo de las finanzas de los titulares de los servicios”, señala la Procuraduría en un comunicado.

«Ministerio Público busca establecer si en el marco de las funciones de inspección, vigilancia, control y regulación que les fueron asignadas, la SSPD, la CRA y la CREG han intervenido efectiva y oportunamente en la correcta aplicación del régimen tarifario por parte de los prestadores, a partir de la declaratoria de emergencia económica y social», añadió la Procuraduría en el comunicado.