El llamado de atención fue realizado luego de las declaraciones del Presidente en las cuales defendió a Uribe y no descartó una reforma a la justicia
A través de un comunicado, la Procuraduría General de la Nación respondió a las declaraciones de Iván Duque y demás funcionarios públicos tras la orden de detención del expresidente Álvaro Uribe, en las cuales incluso se planteó una Constituyente.
El ente judicial reiteró que se debe «acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales. Por ende, ningún servidor público está habilitado para promover o alentar su incumplimiento«, sin mencionar en ningún momento al Presidente, aunque el llamado de atención está dirigido a quienes se mostraron en desacuerdo con la decisión judicial.
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Cabe mencionar que Duque se refirió al tema de nuevo en entrevista con Noticias Caracol, donde reiteró que «una de las tareas que tengo como presidente es defender la Constitución y la ley. Y justamente defendiendo eso es que yo parto de la base de lo que son los derechos procesales.
Es que esto no es una condena, él ni siquiera está siendo llamado a un juicio, y se tomó una medida que le limita su movilidad bajo la idea de que pueda interferir con la justicia. Eso es una presunción de que esa persona estaría intentando violar la ley«, afirmó el Mandatario.
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Frente a este tipo de declaraciones, la Procuraduría recordó que «el único escenario legítimo para la discusión y confrontación de las decisiones judiciales es el proceso mismo, acudiendo a los instrumentos que el debido proceso provee».
No habrá cambios en la decisión
La Procuraduría dejó claro que «actuando en el marco de sus competencias constitucionales y legales, continuará ejerciendo su labor de vigilancia dentro del proceso penal que se adelanta en contra del senador Álvaro Uribe Vélez, y, en ese marco, examinará la pertinencia de ejercer los controles procesales que la ley contempla para la medida de aseguramiento dictada en su contra, en procura de la preservación de la integridad del orden jurídico y la intangibilidad de las garantías procesales».
