En la reunión del Consejo de Derechos Humanos, que se celebra en Ginebra, el gobierno colombiano condenó la presión que ejerce Nicaragua contra líderes, Iglesia y periodistas, entre otros
Colombia lo anticipó hace una semana: el canciller Álvaro Leyva manifestó que en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el gobierno al que representa dio el visto bueno sobre el informe que señala que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, vulnera los derechos humanos de líderes, periodistas y representantes de la Iglesia.
El documento registró que el país centroamericano:
“sigue reprimiendo los derechos a las libertades de reunión pacífica, de asociación y de religión. Solo este año ha cancelado la personalidad jurídica de 1.112 organizaciones de derechos humanos, desarrollo y otras”.
El informe, entregado en la tarde de este miércoles, hizo énfasis en que el gobierno nicaragüense realiza graves violaciones a los derechos humanos, civiles y políticos de su población, y frente a esta situación, Ortega ha cerrado con candado las puertas de un diálogo que a los ojos de la comunidad internacional, se hace necesario implementar. “El Gobierno también ha continuado sus intentos de acallar las voces críticas y disidentes en Nicaragua, reduciendo drásticamente el espacio cívico”, dice el informe.
La declaración fue firmada por 40 países, entre los que están Francia y España, además de Costa Rica, Chile y Perú.
La firma del documento se da después de que se hiciera público que en la pasada Asamblea de la OEA, Colombia estuvo ausente cuando Ortega fue señalado como un mandatario que viola los derechos humanos, razón por la cual la cancillería colombiana tuvo que salir a dar explicaciones sobre el episodio y afirmó que no estuvo en la votación porque adelantaban una labor humanitaria.
Esta labor consistía en solicitarle al gobierno de Nicaragua la liberación de 15 presos políticos, pero Ortega no dio su brazo a torcer y decidió dejar a los detenidos en prisión, situación que incomodó a Colombia.
Tras la negativa, Leyva precisó que Colombia no ayudaba ni apoyaba al régimen de Ortega, y expresó que firmaría la declaración en la que se registró que las restricciones a la libertad de expresión se han intensificado:
“especialmente con la clausura de al menos 20 estaciones de radio y televisión durante 2022, la mayor parte de ellas confesionales. Los ataques a la libertad de prensa han provocado que personal del principal diario del país se vea obligado a salir al exilio, sumándose a los 120 periodistas que lo han hecho desde 2018 según datos de la sociedad civil”.
Ausencia de Colombia en sesión de la OEA para condenar a Nicaragua fue una orden del Gobierno Petro
Por un derecho de petición, Noticias Caracol, conoció que la ausencia de Colombia ante la sesión para condenar las violaciones de derechos humanos por parte de Nicaragua, fue una orden del Gobierno Nacional.
El pasado 12 de agosto, Colombia destacó en la citación extraordinaria de la Organización de Estados Americanos, pero por su ausencia. Dicha sesión de la OEA se convocó para votar la resolución que condenada la violación de derechos humanos por el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. Situación que, tras una investigación realizada por Noticias Caracol, reveló que fue ordenada por el Gobierno de Gustavo Petro.
La violación de los derechos humanos en el país centroamericano, se evidencian con más de 180 presos políticos encerrados en condiciones inhumanas, según la CIDH, la confiscación de bienes a organizaciones de la sociedad civil y hostigamientos a la Iglesia Católica, entre otras.
Por otra parte, el informe de Juan Camilo Merlano, periodista de Noticias Caracol, señaló que se estableció una comunicación con el embajador designado ante la OEA, Luis Ernesto Vargas, quien resaltó que al no tener un nombramiento oficial para el cargo, no tenía conocimiento de las razones por las que Colombia estuvo ausente en dicha sesión. De igual forma, la viceministra designanda, Laura Gil, fue contactada, pero tampoco hubo respuesta.
Es por esto, que se radicó un derecho de petición el miércoles 17 de agosto, en la oficina del viceministro de Asuntos Multilaterales, Juan José Quintana, documento que planteó varios interrogantes, del cual, sus respuestas dejaron aún muchas más preguntas.
El primer punto del derecho de petición solicitaba una aclaración sobre si el Gobierno Nacional tenía conocimiento sobre la realización de la sesión extraordinaria del consejo permanente de la OEA:
¿Fue usted notificado por la misión permanente de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), o su ministra plenipotenciaria Adriana Maldonado Ruiz, entre los días 8 de agosto de 2022 y 11 de agosto de 2022, de la realización de una sesión extraordinaria del consejo permanente de la OEA para considerar la situación en Nicaragua, el día viernes 12 de agosto de 2022?
Respuesta:
Sí. La misión permanente de Colombia ante la OEA informó con la debida antelación al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la convocatoria de una sesión del consejo permanente, el viernes 12 de agosto de 2022.
En el segundo punto que se quería aclarar es si se había emitido una orden oficial para que Colombia no hiciera presencia ni tuviera representación en la sesión:
¿Dio o transmitió usted una orden a la ministra plenipotenciaria Adriana Maldonado Ruiz, o a algún funcionario de la misión permanente de Colombia ante la OEA, en el sentido de que la representación del Estado colombiano no debía hacer presencia en la sesión del consejo permanente del viernes 12 de agosto de 2022?
Respuesta:
Sí. Luego de consultar con las autoridades pertinentes, se transmitió a la misión permanente ante la OEA la instrucción respectiva.
Otro de los puntos por los que se pedía una aclaración era en relación si el viceministro encargado Juan José Quintana había consultado al canciller colombiano, Álvaro Leyva Durán, sobre la decisión:
¿Consultó usted con el canciller Álvaro Leyva Durán si la misión permanente de Colombia ante la OEA debía participar en la sesión extraordinaria del consejo permanente del viernes 12 de agosto?
Respuesta:
Sí. La decisión que se tomó fue debidamente consultada con el ministro de Relaciones Exteriores.
Ante esta respuesta del viceministro encargado, la pregunta que surge es la razón por la que se tomó la determinación de no tener representación colombiana en dicha sesión extraordinaria del consejo permanente de la OEA, a lo que Quintana señaló que se trataba de «delicados aspectos de política exterior que tienen un carácter confidencial».
El proceso
El Consejo Permanente adoptó una resolución en la que condenó al Ejecutivo de Ortega por “el hostigamiento” a la Iglesia católica y la persecución a la prensa y a las oenegés, y exigió al Gobierno que libere a los presos políticos.
Sectores de oposición al Gobierno han manifestado su rechazo, como el expresidente Álvaro Uribe, quien manifestó:
«La Carta Democrática obliga a cumplir internamente con la democracia y a que se respete en todos los países signatarios como Nicaragua».
Asimismo, el exalcalde de Medellín y excandidato presidencial, Federico Gutiérrez, expresó:
«La ausencia de Colombia en la OEA, no es otra cosa diferente a la complicidad con Nicaragua. Posición muy diferente a la de gran mayoría de colombianos. ¡Lamentable!»
Dicha resolución fue aprobada con 27 votos a favor, de los 34 miembros activos, uno en contra (San Vicente y las Granadinas) y cuatro abstenciones (Bolivia, El Salvador, Honduras y México). Pero durante el encuentro hubo dos ausencias importantes: la de Nicaragua, como era de esperarse, y la de Colombia.
Senadora inconforme porque le quedan solo 8 millones libres
Con 27 votos a favor, 1 voto en contra, 4 abstenciones y 2 países ausentes, el Consejo Permanente de la #OEA aprobó la resolución "La Situación en #Nicaragua" pic.twitter.com/n2i7miF7D2
— OEA (@OEA_oficial) August 12, 2022
Sin embargo, aunque el Gobierno Petro ya nombró a embajador de Colombia ante la OEA, Luis Ernesto Vargas, este aún no se ha posesionado en su cargo.
¿Quién es Luis Ernesto Varga?
- Vargas es oriundo de Cajamarca, Tolima.
- Es abogado de la Universidad Libre de Colombia y especializado en derecho de familia de la misma institución.
- Doctor en derecho privado, derecho de la persona y de la familia de la Universidad de Zaragoza (España)
- Fue Magistrado de la Corte Constitucional en el periodo comprendido entre el 01 de marzo de 2009 y el 28 de febrero de 2017, para el cual fue elegido por el Senado de la República. Desde allí presidió la Sala Especial de Seguimiento creada para la ejecución de la sentencia estructural T-025 de 2004 mediante la cual esa corporación declaró un estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado.
- Ocupó el cargo de comisionado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2017, tras terminar su periodo como magistrado de la Corte Constitucional, hasta el 31 de diciembre de 2019, para completar el periodo por el que fue elegido Enrique Gil Botero en junio de 2015.
Arturo Luna es designado como ministro de Ciencia y Tecnología
- Ha sido catedrático en varias universidades del país y conferencista internacional.
- Autor de numerosos ensayos en derecho procesal, como miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, y como socio del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal.
