“Los aforados como congresistas tienen que ir a la Corte Suprema de Justicia, cuando en la JEP (Jurisdicción Especial de Paz) haya información que pueda comprometer a algún aforado”

 

Para el ex fiscal general de la República, Néstor Humberto Martínez, aseguró este jueves que con lo ya sabido sobre el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, los congresistas de Las Farc que no renuncien a su curul deberán ser juzgados por la Corte Suprema de Justicia.

Y es que fue una explosión la bomba que soltó esta semana el senador Carlos Antonio Lozada, al reconocer que fue él quien ejecutó la orden de asesinar al político Gómez Hurtado. Esto ha ocasionado que varios senadores y Representantes exigieron su renuncia al Congreso de la República.

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“Los aforados como congresistas tienen que ir a la Corte Suprema de Justicia, cuando en la JEP (Jurisdicción Especial de Paz) haya información que pueda comprometer a algún aforado, esta debe ser remitida al órgano dispuesto por la Constitución para la investigación y posible juzgamiento o cual fuera el caso, señaló en entrevista con La FM.

Recordó así que fue un debate que se dio frente al acuerdo de paz de si podían ir al Congreso personas que están siendo investigadas, al final “terminó terciando la Corte y dijo: ‘Si usted es congresista lo va a juzgar la Corte Suprema, y si no quiere que lo juzgue la Corte no tiene que ir al Congreso'”.

Por ello aseguró que los senadores de las Farc que vayan a ser investigados, como es el caso de Lozada, serán juzgados por la Corte Suprema y no por la JEP, a menos que renuncien a su curul.

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“Si los señores de las Farc quieren ser juzgados por la JEP, la única manera es renunciando al cargo, porque si son congresistas los juzga es la Corte”, agregó, afirmando que la decisión será únicamente de los senadores del partido Farc, que deberán analizar si conservan su fuero. “Si renuncian irán a la JEP, si no renuncian deben ir a la Corte”.

Además, el exfiscal Martínez recalcó que la Fiscalía lo que está haciendo es acopiar información para establecer responsabilidad de otras personas que no sean aforados constitucionalistas.

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