La Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión por 12 meses al entonces presidente y representante legal de la Sociedad Refinería de Cartagena (Reficar), Reyes Reinoso Yáñez, por el pago de facturas a la firma Chicago Bridge and Iron (CB&I).

El exfuncionario desobedeció sus obligaciones como representante de la sociedad, por no realizar pronósticos sobre la posible recuperación de los recursos expuestos, es decir, los que se pagarían a través del acuerdo PIP, sin pasar por una revisión detallada por parte de la firma encargada de la revisión y aprobación de la facturación. Este hecho constituyó un riesgo potencial para los dineros invertidos por el Estado colombiano y Ecopetrol en la Refinería de Cartagena.

El ente de control evidenció que Reinoso Yáñez quebrantó la normatividad que imponía a los administradores el deber de cumplir el objeto social proyectado, por no requerir estudios de especialistas que hubieran podido conceptuar sobre las consecuencias del acuerdo que refería pagos futuros de facturas que no podían ser verificadas, teniendo en cuenta que si bien los controles de la firma encargada no eran perfectos, permitían identificar los pagos que procedían, con lo cual se protegía el presupuesto de Reficar.

Con el acuerdo PIP se expusieron los saldos de la facturación que no legalizó CB&I y que se cancelaron sin acreditar debidamente su reembolso, pues hasta el momento no se han podido compensar estos recursos.

En el mismo fallo el ente de control absolvió a los miembros de la Junta Directiva de Reficar: Javier Genaro Gutiérrez Pemberthy, Pedro Alfonso Rosales Navarro y Diana Constanza Calixto Hernández; al presidente y representante legal, Orlando José Cabrales Martínez, y al vicepresidente Jurídico, Felipe Arturo Laverde Concha.

Fuente: Procuraduría General de la Nación