Estados Unidos, Alemania, Italia, Turquía, India y Brasil ya emitieron normatividades que regulan las nuevas políticas de privacidad del conglomerado tecnológico

El Gobierno de Argentina le ordenó a la aplicación Facebook detener los cambios previstos en su nueva política de privacidad de su filial WhatsApp, que permitirá transferir todos los datos de sus usuarios de una plataforma a otra.

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Según una resolución emanada este lunes por parte de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales de la Agencia de Acceso a la Información Pública, la suspensión llevó a cabo para evitar «una situación de abuso de posición dominante».

Esta resolución regirá por seis meses o hasta que termine la investigación por parte de las instituciones estatales.

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La Secretaría de Comercio Interior de Argentina, organismo al que está adscrita la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales de la Agencia de Acceso a la Información Pública, consideró que gracias a la gran cantidad de usuarios que tiene en el país, Facebook «goza de una posición dominante en el mercado, a través de sus redes sociales Facebook, Instagram y de la plataforma de mensajería de WhatsApp».

Datos gubernamentales apuntan a que WhatsApp tiene una penetración del 76 % en los teléfonos móviles de la Argentina.

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«De verificarse el intercambio de información de los usuarios establecida para el día 15 de mayo del corriente año, se estaría conformando una base de datos de usuarios con un nivel de detalle no replicable por otras empresas», cita la resolución.

Así, el Gobierno de Argentina considera necesaria la intervención, ya que existe «una fuerte asimetría en el poder de negociación entre los usuarios y WhatsApp, por lo que se verán obligados mayoritariamente a aceptar las nuevas condiciones del servicio, habilitando de ese modo a WhatsApp a que recopile datos personales excesivos y comparta la información personal de manera indebida con otras aplicaciones del grupo, tales como Facebook e Instagram».

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«En los mercados de plataformas digitales, la recopilación y el intercambio de datos no razonables puede otorgar una ventaja competitiva a los actores dominantes y resultar en efectos de explotación de usuarios y exclusión de competidores, derivando en prácticas con potencialidad de afectar el interés económico general», explicó.

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